El primer país de América Latina en prohibir la importación de productos hechos con trabajo forzoso fue México, en 2023. En 2026 le siguieron en cadena El Salvador, que reformó en marzo su ley aduanera; Guatemala, con un acuerdo ministerial; Colombia, con el Decreto 1444 de septiembre, y Costa Rica, cuyo decreto del 28 de septiembre crea una lista oficial de bienes vetados. Argentina aún no tiene una ley, pero se comprometió por escrito.
Esas medidas parecen loables a primera vista. Sin embargo, advierten expertos consultados por DW, esto tiene poco que ver con un repentino interés por los derechos humanos y laborales, y mucho con la presión comercial que ejerceEstados Unidos, cuyo gobierno está enfrascado en una guerra comercial con China.
Medidas reveladoras
La secuencia de los hechos así lo revela: en marzo, la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. abrió investigaciones contra las economías de 60 países por sospecha de que incurren en prácticas comerciales injustas,importando bienes producidos con trabajo forzado.
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