Las provincias de la costa ecuatoriana enfrentan una situación crítica a medida que las lluvias incesantes continúan golpeando sus territorios.
A pesar de la grave emergencia ocasionada por el temporal invernal, el Gobierno presidido por Daniel Noboa aún no ha realizado el desembolso de los recursos necesarios para atender esta crisis.
Deuda millonaria
Con una deuda acumulada de 536 millones de dólares con los gobiernos regionales, las prefecturas se encuentran en una encrucijada, esperando desesperadamente la asignación de fondos que, según lo establecido en la Constitución del Ecuador, les corresponden.
La situación es especialmente alarmante en provincias como Manabí, donde más de 50 mil personas han sido afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.
Las comunidades se encuentran en una lucha constante por recuperar la normalidad en medio de la devastación.
La asambleísta por Manabí, Gabriela Molina, del movimiento de la Revolución Ciudadana, ha expresado su descontento ante la falta de acción del Gobierno.
Necesidades sin atención
Según Molina, mientras el Ejecutivo se enfoca en perseguir a los alcaldes de Guayaquil y Quito, las necesidades urgentes de las provincias se quedan en un segundo plano.
Además de Manabí, la provincia de Guayas también se ve gravemente afectada, con casi 14 mil personas en condiciones vulnerables debido a las inclemencias del clima.
La falta de recursos limita las capacidades de respuesta de las autoridades locales, quienes luchan por brindar apoyo a los damnificados. Las comunidades están organizándose de diversas maneras para hacerse escuchar y exigir la atención que merecen.
Es crucial que el Gobierno actúe con prontitud y responsabilidad, cumpliendo con sus obligaciones hacia las provincias.
¿Qués está en juego?
El bienestar de miles de ecuatorianos está en juego, y la rapidez en la entrega de estos fondos podría hacer una diferencia significativa en la mitigación de los estragos provocados por el temporal.
La voz de los asambleístas y líderes locales debe resonar con fuerza, demandando respuestas inmediatas y efectivas.
En conclusión, las provincias de la costa ecuatoriana, en especial Manabí y Guayas, permanecen a la espera de un compromiso real por parte del Gobierno de Noboa.
La situación actual exige una colaboración estrecha entre el Estado y los gobiernos locales para garantizar la seguridad y la recuperación de las comunidades afectadas.
Es imperativo que se priorice la asignación de recursos, ya que la vida y la estabilidad de miles de ciudadanos dependen de ello.
La esperanza persiste en el deseo de que pronto se escuchen las demandas y se actúe en consecuencia, porque la urgencia de la situación no da lugar a más demoras.
