Quito, 25 de julio de 2025. — El gobierno de Daniel Noboa oficializó un severo recorte en la estructura del Estado con la reducción de seis ministerios y la eliminación de seis secretarías, lo que representa una disminución del 41% de las carteras de Estado. Además, anunció el despido de 5.000 funcionarios públicos, en una medida que ha sido calificada como una “reestructuración para lograr eficiencia administrativa”. La decisión, sin embargo, ha generado una ola de críticas desde distintos sectores sociales, académicos y sindicales.
La portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, informó que el Ejecutivo pasará de tener 20 a 14 ministerios y que las secretarías de Estado pasarán de nueve a tres. La reestructuración incluye la fusión de ministerios como Cultura y Deporte con el de Educación, el de Vivienda con Transporte, y el de Ambiente con Energía, entre otros.
Entre las fusiones más sensibles están:
- Ministerio de Cultura y Patrimonio y Ministerio del Deporte se integran al Ministerio de Educación
- Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos pasa al Ministerio de Gobierno
- Ministerio del Ambiente se fusiona con el Ministerio de Energía y Minas
- Secretaría de Educación Superior (SENESCYT) también se incorpora al Ministerio de Educación
- SNAI y ECU-911 se adscriben al Ministerio del Interior
Jaramillo aseguró que cada funcionario desvinculado fue evaluado individualmente y que existen informes técnicos que respaldan cada decisión. No obstante, la falta de transparencia en los criterios y el impacto humano de la medida han sido duramente cuestionados.
Críticas y reacciones
La analista Andrea Orbe cuestionó la opacidad del proceso: “¿De verdad se evaluó caso por caso, como se dijo? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿A quién se contratará ahora, y bajo qué modalidad?”. También criticó la decisión de eliminar ministerios que tenían funciones preventivas frente a la violencia.
En el plano social y cultural, la Casa de las Culturas expresó su rechazo a la desaparición del Ministerio de Cultura, señalando que se invisibiliza a los actores culturales. Llamaron a una jornada nacional en defensa de sus derechos.
En redes sociales, voces como la de Jahiren Noriega y la escritora Mónica Velásquez reflejaron el sentir de miles de ciudadanos: “Esto no puede ser justo, mucho menos necesario”, dijo Noriega. Velásquez, por su parte, advirtió sobre el “costo humano de optimizar el Estado” en plena crisis económica, inseguridad creciente y desempleo.
La reestructuración anunciada por el gobierno de Daniel Noboa marca un cambio drástico en el aparato estatal, que podría tener impactos administrativos, sociales y políticos de largo alcance. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como una apuesta por la eficiencia, organizaciones sociales, trabajadores públicos y analistas cuestionan su falta de sensibilidad y transparencia, en un contexto de crisis donde lo urgente parece ser proteger el empleo y no destruirlo.
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