La Fiscalía General de Bolivia pide la pena máxima de 30 años de cárcel para los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando Lopez; y de Comunicación, Roxana Lizárraga, en el caso que investiga la adquisición de gases lacrimógenos a Ecuador para reprimir movilizaciones, tras el golpe de Estado de 2019 contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), confirmó el lunes el fiscal departamental de La Paz, William Alave Laura.
“Hemos sido notificados por el Tribunal 2° de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, que dispuso la apertura de juicio por la internación de agentes antidisturbios en calidad de préstamo desde Ecuador en 2019. Los fiscales expondrán la acusación formal que se presentó con más de 115 pruebas documentales y 48 testificales, entre otros, y se pedirá la máxima sentencia”, explicó Alave Laura, en contacto con la prensa.
De acuerdo con la Fiscalía, el 15 de noviembre de 2019 se hizo una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación, con el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana para solicitar el préstamo de materiales antidisturbios, para enfrentar la crisis social en el país.
El juicio por este delito se celebra en ausencia de los acusados, debido a que Murillo cumple una sentencia de siete años en EEUU por delitos de soborno y lavado de dinero, mientras que Lizárraga y López se encuentran resguardados en EEUU y Paraguay, respectivamente.
Por su parte, el fiscal anticorrupción, Bladimir Bolívar, informó que durante la investigación se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Quito policías y militares bolivianos, además de la solicitud de devolución de los agentes químicos del Gobierno ecuatoriano.
Con información de Agencia Sputnik