Quito, La relatora especial de la ONU sobre violencia contra la mujer, Reem Alsalem, y el experto independiente sobre el orden internacional, George Katrougalos, expresaron el martes su preocupación por la situación política de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, quien actualmente está impedida de ejercer sus funciones.
Los expertos independientes expresaron «su profunda preocupación por las denuncias de hostigamiento político, administrativo y judicial contra la vicepresidenta de Ecuador, María Verónica Abad Rojas, y por la naturaleza específica y diferenciada por género de estos ataques», destacó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un comunicado.
El documento de los expertos señala que las medidas contra Abad, incluida su destitución arbitraria, el uso indebido de sanciones administrativas y la persecución judicial de su familia, constituyen graves violaciones de sus derechos políticos y del Estado de derecho.
«Tales acciones serían contrarias a las obligaciones internacionales del Ecuador en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos», dice el texto.
Este caso sienta un precedente alarmante que pone en peligro el carácter democrático de las elecciones en Ecuador, socava la participación de las mujeres en la vida pública y viola los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, añadieron.
Según los firmantes, Abad habría enfrentado medidas coercitivas, incluido su nombramiento como «embajadora para la paz» en el conflicto palestino-israelí y su traslado forzoso a Israel y a Turquía.
Además, calificaron de irregular el proceso sumario administrativo contra la funcionaria por un supuesto abandono del cargo y la sanción de 150 días sin derecho a salario, por haber demorado su traslado de Tel Aviv a Ankara.
El Gobierno ecuatoriano mantiene esta medida contra Abad, pese a que la justicia ecuatoriana la declaró inconstitucional, señalan en el documento.
«El Ejecutivo (ecuatoriano) habría mantenido la suspensión, llegando al extremo de que los militares le bloquearon el acceso a la Vicepresidencia», indicaron los expertos.
También manifestaron su preocupación por la presunta detención arbitraria del hijo mayor de la vicepresidenta, Francisco Sebastián Barreiro Abad, durante 46 días, en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en el sureste del país; y posteriormente la de su abogado, arrestado en enero pasado.
«Estas acciones parecen constituir un uso indebido del sistema judicial para reprimir y silenciar a una alta funcionaria del Estado y a su equipo legal, en violación de los principios del debido proceso y de la independencia judicial», dijeron.
El documento señala que la situación de Abad se agravó en el contexto electoral de Ecuador, ya que el presidente Daniel Noboa, candidato a la reelección, se negó a cederle las funciones de la Presidencia durante su ausencia temporal para hacer campaña proselitista, y designó a una nueva «vicepresidenta constitucional» mediante decreto ejecutivo.
Al evaluar el caso, Alsalem y Katrougalo solicitaron al Gobierno cumplir con las sentencias judiciales para restablecer los derechos de Abad y garantizar un proceso electoral libre y transparente.
«El incumplimiento de las sentencias judiciales, la persecución política y la manipulación del sistema judicial son incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional y deben cesar de inmediato», reclamaron los expertos.
Abad y Noboa se distanciaron desde antes de la segunda vuelta electoral de 2023, cuando ambos ganaron la Presidencia para completar el periodo constitucional de Guillermo Lasso (2021-2023), quien disolvió el parlamento unicameral y llamó a comicios anticipados.
Desde entonces, Noboa y su gabinete le niegan a Abad el derecho a ejercer sus funciones constitucionales
Con información de Agencia Sputnik
