Este caso es un ejemplo de que no basta que los argumentos para su inhabilitación sean legales, porque todo lo que ocurre alrededor es visto con dudas.
Pocas cosas pueden ser tan graves para un país que se dice democrático, que sus procesos electorales pierdan credibilidad. Y esto está pasando actualmente en el Ecuador de cara a las elecciones seccionales de noviembre.
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¿Y por qué pierde credibilidad? Porque el actual gobierno ha consolidado su poder en los organismos electorales a tal punto que, incluso si toma decisiones legales o reglamentarias, son percibidas por la sociedad como herramientas del Ejecutivo para perjudicar a sus adversarios.
El caso de la aparentemente inevitable descalificación de la correísta Luisa González, que aspira a ser candidata a la Prefectura de Manabí por Pachakutik, es un ejemplo de eso: no basta que los argumentos para su descalificación sean legales, porque todo lo que ocurre alrededor del tema está siendo visto con sospecha.
Ese episodio podría haber sido una controversia estrictamente jurídica, pero los hechos que lo han rodeado hacen que sea considerado por la mayor parte de la opinión pública, con razón o sin ella, como una maniobra gubernamental para sacar a la correísta de la carrera electoral. La Junta Provincial Electoral de Manabí sostiene que González y su compañero de fórmula, Gabriel Giler, no acreditaron los dos años de pertenencia que exigen las normas internas de Pachakutik para sus candidatos.
Pero la polémica adquirió otra dimensión cuando apareció un video de una reunión celebrada el 19 de agosto en el Hotel Máximo de Portoviejo. En las imágenes aparecen Marco Zambrano, candidato de ADN a la Prefectura; Roberto Carlos Pinargote, delegado provincial del CNE en Manabí; Darwin Demera, vocal de la Junta Provincial Electoral; y Andrés Gozoso Andrade, director de carrera de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Según la información difundida, el encuentro duró alrededor de una hora y media. Dos días más tarde, la Junta Provincial Electoral resolvió negar la inscripción de González y Giler.
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