Los detenidos en territorio mexicano eran derivados antes a su Consulado, que ha dejado de funcionar y obliga a los ecuatorianos ir a Ciudad de Guatemala, Houston y Phoenix
El asalto a la Embajada de México en Quito deja sentir sus primeros efectos en los miles de ecuatorianos que están en el país norteamericano. A partir del 16 de mayo, los consulados de Ecuador en la capital mexicana y en Monterrey cerrarán las puertas tras la ruptura de relaciones entre ambos Gobiernos. Ocurre un mes después de la orden presidencial de irrumpir en la legación diplomática para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil.
La Cancillería de Ecuador informó de que desde el jueves el Consulado en Ciudad de Guatemala, y los de Houston y Phoenix, en Estados Unidos, estarán habilitados para atender los requerimientos de los ecuatorianos que viven o están de paso en México. Eso significa viajar tres horas en avión para realizar un trámite u obtener un documento. Esa opción es para quienes tienen una visa, trabajan o estudian de forma legal en el país. Sin embargo, en medio del fuego cruzado entre Ecuador y México las primeras víctimas del conflicto son los migrantes que de manera irregular usan el país como parte de la ruta para llegar a Estados Unidos. El bufete de abogados 1800-Migrante advierte de los problemas que puede traer para los grupos más vulnerables. Por ejemplo, cuando ocurre una detención de ecuatorianos en México, “las autoridades mexicanas tienen la obligación de informar al personal consular de Ecuador”, explica el director William Murillo, pero sin una oficina consular que represente al país, “¿cómo nos vamos a enterar de esas detenciones?”.
Este problema se presenta cuando Ecuador vive su segunda ola migratoria en 15 años. La pandemia del coronavirus y las malas administraciones detonaron en una crisis económica en el país sudamericano donde siete de cada diez personas están desempleadas o no tienen un empleo adecuado. La crisis se agravó con la inseguridad que enfrenta el país, que ha expulsado a 66.000 desde el 2023 a cruzar la peligrosa selva del Darién en un intento de llegar a Estados Unidos. En esa ruta, más de 115.000 ecuatorianos han cruzado de forma irregular territorio mexicano desde el 2022, según las autoridades locales. Entre esas personas, hay más de 20.000 niños y adolescentes que viajan solos, bajo las redes de los traficantes de personas.
Las mismas dudas surgen en los casos de secuestro de migrantes a manos de grupos del crimen organizado, como los 95 ecuatorianos encerrados cerca de Tapachula, ciudad chiapaneca en la frontera con Guatemala en marzo. Los criminales tomaron los buses en los que los migrantes buscaban seguir su viaje al norte. Otro trámite que quedaría en el limbo es la repatriación de cuerpos de personas que han fallecido en territorio mexicano. ¿Quién va a dar los certificados de defunción y los permisos de salida para los cuerpos?, se pregunta Murillo. El abogado explica que para repatriar un cadáver, un familiar otorga un poder especial al cónsul de ese país para hacer las gestiones ante el Estado. “¿Ahora a quién se le dará ese poder?”.
En una ampliación de información, la Cancillería ha comunicado que “Perú ejercerá la representación consular de Ecuador en territorio mexicano”, dice el boletín de prensa publicado la tarde del lunes. “El Gobierno peruano apoyará en la gestión y atención de los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad que se encuentren en México”, señala el documento sin mayores detalles de cómo se darán los procedimientos que normalmente haría el consulado ecuatoriano, ni los tiempos en los que se ejecutarán. Además, comunicó que las 18 oficinas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) también atenderán los requerimientos de los migrantes en ese país.
Con información de El País