El Gobierno de Ecuador elevará al 100 % los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de mayo, duplicando la tarifa actual del 50 %, según informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.
De acuerdo con un comunicado oficial, la medida se adoptó supuestamente “tras constatar la falta de acciones concretas y efectivas por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza.”
El Ejecutivo sostiene que esta decisión busca reforzar la corresponsabilidad bilateral en la lucha contra el narcotráfico, así como proteger la seguridad nacional, la integridad territorial y a los ciudadanos ecuatorianos.
La disposición se da en un contexto de creciente tensión diplomática
La polémica decisión del gobierno ecuatoriana entrará en vigencia a u mes de las elecciones presidenciales en Colombia y su anuncio se produce a menos de 24 horas de que Ecuador enviara una nota de protesta a Colombia y llamara a consultas a su embajador, porque el presidente colombiano Gustavo Petro llamó preso político al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad.
Según el exvicanciller ecuatoriano Kintto Lucas, la crisis diplomática entre Ecuador y Colombia no tendría una solución inmediata. El presidente Daniel Noboa no está interesado en resolver el conflicto en el corto plazo y habría optado por esperar los resultados de las elecciones presidenciales en el país vecino.
Lucas afirma que la administración de Noboa buscaría influir en el escenario político-electoral colombiano mediante una postura alineada con la política del presidente de Estados Unidos Donald Trump.
El exfuncionario advierte que, mientras más se prolongue la tensión diplomática, mayores serán las consecuencias económicas para Ecuador.
Además, sostiene que el presidente colombiano, Gustavo Petro, no incurriría en injerencia en asuntos internos de Ecuador al referirse como “preso político” al exvicepresidente Jorge Glas.
Argumenta que Colombia le concedió la ciudadanía y que diversos países y organismos internacionales ya se han pronunciado sobre las condiciones de su encarcelamiento.
