Denuncias de concentración de poder, presiones a medios y cuestionamientos internacionales marcan el debate sobre la calidad democrática en Ecuador bajo el gobierno de Daniel Noboa.
Según Bloomberg, desde su llegada al poder a finales de 2023, el presidente Daniel Noboa ha impulsado una agenda centrada en el “Nuevo Ecuador”, basada en una estrategia de mano dura contra el crimen organizado. Sin embargo, esta narrativa de transformación comienza a verse tensionada por crecientes alertas sobre un posible debilitamiento de las instituciones democráticas y las libertades civiles.
Uno de los focos de mayor preocupación ha sido la relación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación. Los diarios Expreso y Extra realizaron una protesta simbólica al publicar portadas en blanco, denunciando presiones relacionadas con la disputa por el control accionario de su empresa matriz, Granasa. La compañía ha advertido sobre un supuesto “ataque sistemático” a las libertades civiles, en medio de investigaciones fiscales contra directivos por presunta asociación ilícita.
Organizaciones de la sociedad civil y analistas sostienen que distintas instituciones del Estado, como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Fiscalía y organismos de control financiero, estarían siendo utilizadas como mecanismos de presión política. Desde la ONG Rumbo Plural, la activista Gabriela Panchana advirtió que estas prácticas podrían acercar al país a escenarios de deterioro democrático similares a los de Nicaragua.
A estos señalamientos se suman cuestionamientos sobre la independencia judicial y electoral. Jueces de la Corte Constitucional han denunciado presiones tras investigaciones sobre presuntos activos ilícitos, mientras organismos como la ONU, a través de la relatora Margaret Satterthwaite, y Human Rights Watch han expresado preocupación por el impacto de las decisiones del gobierno en la autonomía de la justicia.
En el ámbito electoral, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de adelantar comicios ha sido criticada por sectores opositores, que la consideran una medida con fines políticos. A esto se suma la suspensión temporal del movimiento Revolución Ciudadana del registro electoral, lo que ha intensificado las denuncias sobre un posible debilitamiento del pluralismo político.
El retroceso percibido también se refleja en indicadores internacionales. Freedom House degradó a Ecuador en su ranking de 2026, pasando de “libre” a “parcialmente libre”. Mientras tanto, el gobierno de Noboa defiende su gestión, asegura que no existe una crisis política y destaca avances en seguridad e infraestructura, en un contexto de creciente polarización interna y vigilancia internacional.
