La persecución política contra el correísmo en Ecuador entra en una nueva fase. El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra del movimiento Revolución Ciudadana (RC5), por supuestas “irregularidades en el financiamiento” de la campaña electoral de 2023.
De acuerdo con los dirigentes del movimiento, esta acción busca sancionar y eventualmente eliminar al principal partido de oposición en vísperas de la consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa.
El expresidente Rafael Correa denunció la maniobra a través de su cuenta en X (antes Twitter):
“El CNE presentó una denuncia contra RC5 ante el TCE. Nos van a sancionar y probablemente eliminar como partido, supuestamente por ‘irregularidades de financiamiento’ en la campaña del 2023. Es muy grave. Vivimos una verdadera dictadura. Nuevamente Noboa quiere ganar la consulta con fraude”.
Por su parte, el excandidato presidencial Andrés Arauz también alertó sobre la gravedad del caso, señalando que el CNE, bajo la presidencia de Diana Atamaint, pretende disolver al movimiento por no justificar apenas USD 6.400.
“El CNE de Diana Atamaint pide eliminar al movimiento político RC5 por supuestamente no justificar $6.400 en la campaña de 2023”, escribió Arauz.
Desde el movimiento RC5 se sostiene que esta es una estrategia política del gobierno para debilitar a la oposición y asegurar el control del proceso electoral previo a la consulta popular del 16 de noviembre.
Hasta el momento, el CNE no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero desde distintos sectores se cuestiona la instrumentalización de los organismos electorales para fines políticos.
Organizaciones de derechos humanos y actores políticos advierten que este tipo de acciones ponen en riesgo la democracia y la pluralidad política en el país, en un contexto en el que el oficialismo busca concentrar el poder. FIN
