Quito, El defensor de derechos humanos Fernando Bastias denunció el miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un total de 33 desapariciones forzadas registradas en Ecuador durante 2024 en el contexto de la militarización durante el conflicto armado interno decretado por el Gobierno y las cuales han sido documentadas por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
«El CDH ha documentado al menos 33 víctimas de desaparición forzada en el 2024 en manos de militares. Muchas de ellas sin avances en sus procesos», señaló en la sesión virtual que tuvo lugar en presencia de familiares que abogan porque el Estado ecuatoriano investigue y aplique la justicia.
Bastias expuso que, sin embargo, hasta hoy se desconoce cuántas personas han desaparecido en manos de militares, mientras la Fiscalía registra los reportes como desapariciones involuntarias o secuestros, en casos donde existen indicios de participación de Fuerzas Armadas, afectando de este modo el tratamiento legal.
Agregó que por ello la CIDH debe alertar sobre la existencia de un subregistro de estas desapariciones forzadas.
En particular expuso que la visibilidad que tuvo en el país el caso de cuatro menores desaparecidos tras su captura por una patrulla militar en la ciudad de Guayaquil (suroeste), en diciembre del año pasado, que fueron posteriormente asesinados, impulsó a otras familias a denunciar sus casos «revelando un subregistro» de desapariciones.
Respecto al «Caso de las Malvinas», nombre que tomó por el sector de residencia de los menores, dijo que «demuestra cómo en nombre del combate a la inseguridad, las Fuerzas Armadas han actuado ilegalmente con el respaldo de la impunidad del Gobierno actual».
Apuntó que actualmente en el ámbito penal la Fuerza Aérea busca levantar esa prisión preventiva argumentando la reciente Ley de Solidaridad Nacional, aprobada este año y la cual ofrece garantías a los militares y policías investigados por hechos ocurridos en el cumplimiento de su deber, en particular al exonerarlos de la prisión preventiva.
Entre los ponentes ante la CIDH estuvo un familiar de Cirilo Minota, de 35 años, desaparecido el 4 de abril de 2024 en manos de militares en la provincia de Esmeraldas (noroccidente).
«Mi hermano es padre de tres niños, pero actualmente viven conmigo. No sé qué decirles porque ellos no saben que desapareció en manos de militares. Me preguntan cuándo su padre va a volver y no sé qué responderles. Mi madre no duerme, asomada en la ventana esperando que él vuelva y hasta el sol de hoy no tenemos respuesta por las autoridades», señaló al panel de la CIDH con voz llorosa.
Añadió que muchos de los familiares de los desaparecidos han perdido sus empleos porque tienen que dedicarse a la búsqueda, sin recibir apoyo del Estado.
«Nadie se pone en el lugar de todas las madres y hermanas que sufrimos por nuestros familiares. Y sin embargo, aquí aún seguimos pidiéndole a ustedes que, por favor, nos colaboren y nos ayuden a encontrar nuestros familiares», aseveró.
En abril pasado, el CDH expresó su «profunda preocupación» frente al aumento sostenido de denuncias de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones a los derechos humanos que atribuye a integrantes de la seguridad pública del Estado.
Confirmado.net – Sputnik
