Durante buena parte de los últimos treinta años, la política internacional estuvo dominada por una idea que parecía incuestionable: el orden liberal construido bajo liderazgo estadounidense constituía el destino inevitable de la humanidad, “el fin de la historia”. Las instituciones creadas después de la Segunda Guerra Mundial —la ONU, el FMI, el Banco Mundial y posteriormente el sistema SWIFT y la OMC— fueron presentadas como expresiones universales de una gobernanza global basada en reglas. Sin embargo, la práctica mostró otra realidad. Las guerras preventivas, las sanciones unilaterales, el uso extraterritorial del sistema financiero, la politización del comercio y la creciente instrumentalización del dólar como arma geopolítica evidenciaron que aquel orden nunca fue neutral. Fue, sobre todo, el reflejo de una correlación de poder propia de la hegemonía estadounidense.
Es precisamente sobre esa contradicción donde se construye el nuevo “Libro Blanco” publicado por el Consejo de Estado chino: «Una gobernanza global más justa y equitativa». Más que un documento diplomático, constituye una propuesta doctrinaria para disputar el sentido mismo del orden internacional del siglo XXI. China no plantea únicamente una redistribución del poder; propone una redefinición de las reglas mediante las cuales ese poder se organiza.
Desde la perspectiva del realismo clásico, este documento puede interpretarse como la expresión natural del ascenso de una nueva gran potencia. Autores como Hans Morgenthau sostuvieron que ningún sistema internacional permanece estable cuando emerge un actor con capacidades suficientes para desafiar al hegemón. China parece confirmar esa lógica. La diferencia radica en que Beijing procura evitar una confrontación frontal con Estados Unidos y busca construir legitimidad internacional presentando su ascenso como una reforma del sistema, no como su destrucción. Esa distinción es estratégica: el objetivo no es reemplazar a Naciones Unidas por un club de membresías limitadas, ni desmontar el derecho internacional con acciones unilaterales de impunidad global, sino reformar los espacios institucionales de convivencia colectiva para reflejar la nueva distribución del poder mundial.
Sin embargo, limitar la lectura al realismo sería insuficiente. Desde el institucionalismo liberal, la propuesta china representa un intento por revitalizar el multilateralismo en un momento en que las propias potencias occidentales han debilitado muchas de las instituciones que ellas mismas promovieron. La retirada de acuerdos internacionales, el estrangulamiento financiero a organismos como UNESCO, la paralización del mecanismo de solución de controversias de la OMC, las sanciones unilaterales y el uso selectivo del derecho internacional han erosionado la credibilidad del sistema. China aprovecha ese vacío para presentarse como defensora de la Carta de las Naciones Unidas, del diálogo y de una gobernanza basada en reglas multilaterales.
Pero es desde la teoría crítica y el enfoque del sistema-mundo donde el documento adquiere mayor profundidad. Beijing identifica correctamente una crisis estructural del orden neoliberal: la concentración de poder financiero, la fragmentación de las cadenas de suministro, el proteccionismo tecnológico y la utilización del sistema monetario internacional como mecanismo de coerción política. No se trata únicamente de una crítica al unilateralismo estadounidense; es una crítica al modo en que el capitalismo financiero occidental ha organizado la globalización durante las últimas décadas. En ese sentido, la Iniciativa de Gobernanza Global constituye también, pero fundamentalmente, una disputa por la arquitectura económica internacional.
La propuesta china se organiza alrededor de la Iniciativa de Gobernanza Global, planteada como una hoja de ruta para reformar —no sustituir— el sistema internacional vigente. Sus cinco pilares son: igualdad soberana, derecho internacional, multilateralismo, enfoque centrado en las personas y acción concreta. En términos prácticos, Beijing sostiene que todos los Estados deben participar en condiciones de mayor equilibrio en la toma de decisiones globales; que la ONU debe recuperar centralidad frente a coaliciones excluyentes; que las sanciones unilaterales, la jurisdicción extraterritorial y el uso político del sistema financiero deben ser limitados; y que los nuevos espacios estratégicos —inteligencia artificial, ciberespacio, cambio climático, océanos, espacio ultraterrestre y cadenas digitales— deben ser regulados mediante acuerdos multilaterales y no por imposiciones de las potencias dominantes.
Sin embargo, una lectura rigurosa exige ir más allá del discurso oficial chino. La multipolaridad no elimina automáticamente las relaciones de dependencia, más aún cuando está secuestrada por el poder del veto o la incapacidad de sancionar las imposiciones abusivas de potencias que abrazan la impunidad de su hegemonía. China rechaza el hegemonismo occidental, pero al mismo tiempo proyecta su propio poder mediante corredores logísticos, financiamiento de infraestructura, expansión tecnológica, acuerdos comerciales y acceso privilegiado a materias primas.
En esa arquitectura, China articula un conjunto de instrumentos que buscan trasladar esos principios a mecanismos concretos de gobernanza internacional. La Franja y la Ruta pretende reconfigurar la infraestructura física y logística de Eurasia, África y América Latina; el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS buscan ampliar las fuentes de financiamiento para el desarrollo reduciendo la dependencia del Banco Mundial y del FMI; la internacionalización gradual del yuan procura disminuir la centralidad del dólar en el comercio y las finanzas internacionales; mientras que iniciativas como la Iniciativa para el Desarrollo Global, la Iniciativa para la Seguridad Global y la Iniciativa para la Civilización Global intentan proyectar un marco normativo alternativo en materia de cooperación, seguridad y diálogo intercultural. Pensar que China actúa exclusivamente por altruismo sería tan ingenuo como creer que Estados Unidos promovió Bretton Woods únicamente por solidaridad internacional.
Sin embargo, la propuesta también enfrenta límites estructurales. China aún no ha logrado sustituir el peso financiero, institucional y normativo que Estados Unidos mantiene sobre la arquitectura internacional: continúa siendo el principal contribuyente individual al presupuesto ordinario de la ONU, el mayor accionista del Banco Mundial y del FMI, y el emisor de la moneda de reserva predominante.
Del mismo modo, aunque Beijing se presenta como defensora del sistema multilateral, todavía no dispone de instituciones con la capacidad de arbitraje, financiamiento, solución de controversias y provisión de bienes públicos globales que, con todas sus contradicciones, siguen desempeñando organismos como la OMC, el FMI o el propio sistema de Naciones Unidas. La disputa, por tanto, no es entre un orden consolidado y otro plenamente constituido, sino entre una hegemonía en relativo declive y una arquitectura alternativa que aún se encuentra en proceso de construcción, pero con recursos limitados.
Precisamente ahí aparece el principal desafío para América Latina. Durante dos siglos, la región ha construido su inserción internacional desde una lógica pendular: dependencia de una potencia para intentar reducir la dependencia de otra. Primero fue Gran Bretaña; después, Estados Unidos; hoy algunos sectores parecen creer que basta con sustituir Washington por Beijing. Esa visión simplista reproduce la misma condición periférica bajo un nuevo centro de gravedad. Cuando la verdadera oportunidad que ofrece la transición multipolar no consiste en cambiar de tutor geopolítico, sino en dejar de actuar como periferia fragmentada.
China abre un espacio histórico que América Latina no había tenido desde mediados del siglo XX, cuando el ejército rojo izaba la bandera de la URSS en un devastado Berlín: la posibilidad de negociar con múltiples polos de poder simultáneamente. La existencia de BRICS+, la expansión de mecanismos financieros alternativos (tanto para proyectos de desarrollo como para correcciones macroeconómicas), la creciente cooperación Sur-Sur y la pérdida relativa de la capacidad coercitiva estadounidense (especialmente en el hemisferio oriental) permiten ampliar los márgenes de autonomía regional. Pero esa oportunidad solo podrá aprovecharse si la región actúa como bloque.
Sin integración latinoamericana, la relación con China reproducirá exactamente el mismo patrón primario-exportador que históricamente caracterizó nuestra relación con las potencias industriales. Exportaremos litio, cobre, petróleo, soja, camarón, minerales críticos y biodiversidad; importaremos inteligencia artificial, vehículos eléctricos, semiconductores, infraestructura digital y tecnologías de alto valor agregado. Eso no es desarrollo. Es una dependencia de otro rostro.
La verdadera agenda latinoamericana debería consistir en utilizar la competencia entre Estados Unidos, China, la Unión Europea e India para construir capacidades propias. Industrializar minerales estratégicos, desarrollar cadenas regionales de valor, coordinar políticas científicas, fortalecer bancos regionales de desarrollo, crear plataformas tecnológicas compartidas y negociar colectivamente el acceso a mercados, financiamiento y transferencia tecnológica.
Desde esa perspectiva, el documento chino ofrece una lección política mucho más importante que sus propias propuestas. Beijing demuestra que el poder internacional no se ejerce únicamente mediante portaaviones o bases militares. También se construye formulando ideas capaces de disputar el consenso global. La Iniciativa de Gobernanza Global no pretende únicamente administrar instituciones; busca definir qué significa legitimidad internacional en el siglo XXI.
Mientras China discute gobernanza digital, IA, arquitectura financiera, nuevas reglas para el comercio y representación del Sur Global, América Latina continúa atrapada en ciclos electorales cortoplacistas, crisis fiscales permanentes y debates internos que pocas veces trascienden la coyuntura.
La transición hacia un mundo multipolar ya está en marcha, así como la decadencia de EEUU. La pregunta decisiva no es si China sustituirá a Estados Unidos como primera potencia. La verdadera pregunta es si América Latina llegará a ese nuevo orden como un sujeto político capaz de influir en sus reglas o si continuará ocupando el lugar histórico que otros diseñen para ella. Porque la multipolaridad, por sí sola, no garantiza la emancipación. Solo amplía el campo de posibilidades. Fin
