La terminación unilateral de los contratos entre CELEC EP y la empresa estadounidense Progen ha desatado una tormenta institucional, energética y diplomática. Lo que comenzó como una contratación urgente en medio de la crisis eléctrica se ha convertido en un escándalo con posibles consecuencias millonarias para el Estado ecuatoriano y un nuevo revés para el gobierno de Daniel Noboa.
En agosto de 2024, el gobierno contrató a Progen por USD 149,1 millones para instalar generación térmica urgente (150 MW en total) en Quevedo y Salitral. Sin embargo, los equipos nunca entraron en operación. Progen argumenta falta de pagos y trabas de CELEC, mientras que la empresa estatal dio por terminado el contrato el 29 de mayo y el 3 de junio, alegando incumplimiento.
La empresa estadounidense ha anunciado un inminente arbitraje internacional, lo que podría representar un grave golpe financiero y diplomático para el país. El CEO de Progen, John Manning, responsabilizó directamente al Estado ecuatoriano por los incumplimientos, y aseguró que este caso “erosiona la confianza de los inversionistas extranjeros en Ecuador”.
El impacto no es solo legal o económico: la falta de generación prevista compromete hasta 150 MW, en plena temporada de estiaje. Si se suman otros conflictos, como el de Austral TM, expertos advierten que hasta 240 MW podrían quedar fuera del sistema eléctrico nacional, lo que podría desencadenar nuevos apagones.
La Contraloría General ha iniciado auditorías a todos los contratos firmados en estado de emergencia entre 2023 y 2024, mientras la Comisión Nacional Anticorrupción denuncia fallas graves en el control técnico y jurídico. Se ha criticado al Ejecutivo por su improvisación, falta de transparencia y por entregar decisiones estratégicas a funcionarios sin experiencia.
La vocera oficial del gobierno, Carolina Jaramillo, indicó que Progen tiene 10 días para responder antes de que se ejecute la terminación definitiva del contrato. Por su parte, el viceministro de Electricidad, Fabián Calero, ha evitado referirse al caso directamente, aunque insiste en que no habrá apagones en 2025 gracias a medidas paliativas y nuevas fuentes de generación.
Este caso representa un punto de inflexión para el gobierno de Noboa. La credibilidad de su administración está en juego frente a las crecientes evidencias de fallas estructurales en la gestión energética, la amenaza de arbitraje internacional, el déficit de generación y la presión diplomática de Estados Unidos.
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