La coalición que reúne a Revolución Ciudadana, Partido Socialista, Unidad Popular y Movimiento Todos denuncia obstáculos contra sus candidaturas. El caso de Pabel Muñoz en Quito y las revisiones de expedientes electorales elevan la tensión antes de la publicación definitiva de candidatos.
La disputa electoral sube de temperatura. Pabel Muñoz, Luisa González y Fiorella Ycaza aparecen en el centro de un escenario político en el que Alianza Ciudadana denuncia acciones dirigidas a obstaculizar candidaturas y modificar la competencia antes de que los ecuatorianos lleguen a las urnas.
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El episodio de mayor tensión se concentra en Quito. Una nueva denuncia contra el alcalde Pabel Muñoz, quien busca la reelección, provocó que la coalición integrada por la Revolución Ciudadana, Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular y Movimiento Todos cerrara filas alrededor de su candidatura.
La presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, afirmó que esta nueva acción tendría un nexo con Juan Esteban Guarderas, quien ya denunció a Muñoz ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a finales de 2023. La causa permanece bajo reserva mientras se espera la notificación oficial para conocer su contenido y definir las acciones legales.
Pabel Muñoz vuelve a enfrentar una batalla electoral
Para Alianza Ciudadana, lo que ocurre alrededor de Pabel Muñoz no constituye un hecho aislado. La coalición sostiene que existen trabas administrativas e interpretaciones utilizadas a conveniencia que podrían terminar afectando la participación de sus candidatos.
Muñoz ya enfrentó anteriormente un proceso ante el TCE relacionado con su actuación durante la campaña presidencial anticipada de 2023.
Ahora, una nueva denuncia vuelve a colocar su futuro electoral bajo presión.
Sin embargo, mientras el contenido de la causa continúe bajo reserva y no exista una resolución de la autoridad competente, la afirmación de que existe un intento para excluirlo de las elecciones corresponde a la posición política de la alianza.
Natasha Rojas: quieren sacar a Muñoz porque puede ganar
La dirigente de Unidad Popular Natasha Rojas elevó todavía más el tono político.
Rojas sostiene que la conformación de Alianza Ciudadana constituye una respuesta en defensa de la democracia y acusó al Gobierno de intentar impedir que Pabel Muñoz llegue nuevamente a las urnas porque, según su valoración, tiene posibilidades de ganar la elección.
La afirmación coloca la disputa en un terreno especialmente sensible: quién decide finalmente qué candidatos llegan a la papeleta.
Para la coalición, cualquier exclusión basada en interpretaciones que considere discrecionales será presentada como una afectación al derecho de los ciudadanos a escoger.
Del enfrentamiento político a la batalla jurídica
La controversia anticipa que la campaña no se disputará exclusivamente mediante recorridos, propuestas y votos.
Impugnaciones, denuncias, revisiones de expedientes y resoluciones electorales pueden convertirse en otro campo decisivo de la competencia.
Por eso, los nombres de Pabel Muñoz, Luisa González y Fiorella Ycaza adquieren relevancia dentro de una estrategia electoral que busca consolidar un bloque político más amplio y, al mismo tiempo, defender sus espacios frente a eventuales acciones administrativas o jurídicas.
El 9 de noviembre será una fecha decisiva
La publicación del listado oficial de candidaturas prevista para el 9 de noviembre marcará un punto determinante.
Hasta entonces, los procesos de calificación, objeciones, recursos y decisiones de los organismos electorales mantendrán abierta la incertidumbre.
Alianza Ciudadana ya ha fijado su posición: denuncia una persecución política y asegura que defenderá las candidaturas que considera amenazadas.
El desenlace deberá producirse dentro de las instituciones electorales y sobre la base de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Lo cierto es que la campaña empieza a librarse antes de que estén definidas todas las papeletas. Pabel Muñoz concentra la principal batalla en Quito, mientras Luisa González y Fiorella Ycaza forman parte de un tablero político más amplio en el que la conformación de alianzas y la defensa jurídica de las candidaturas pueden resultar tan importantes como la propia campaña electoral.
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