La decisión sacudió al sistema judicial ecuatoriano y ya provocó una reacción internacional. El Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió suprimir las dependencias especializadas en Corrupción y Delincuencia Organizada y repartir sus competencias entre otras judicaturas penales, una medida que el organismo defiende como necesaria para elevar de 19 a más de 50 jueces la capacidad para tramitar estas causas.
Pero la explicación técnica no apagó la controversia. La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados expresó su preocupación por la eliminación de la unidad especializada precisamente cuando la Función Judicial atraviesa una emergencia por déficit de jueces.
La decisión también provocó fuertes cuestionamientos de juristas ecuatorianos, que advierten sobre sus consecuencias para la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la cooperación internacional.
El dato con el que la Judicatura justifica una decisión explosiva
El Consejo de la Judicatura sostiene que la reforma no significa abandonar la persecución judicial de la corrupción y el crimen organizado, sino cambiar un modelo que presentaba un “desequilibrio operativo”.
Según información del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) citada por el CJ, durante 12 meses el Tribunal Anticorrupción registró apenas 234 expedientes para nueve magistrados.
Mientras eso ocurría, otros despachos penales ordinarios enfrentaban una realidad completamente diferente.
La Corte Provincial de Pichincha, por ejemplo, habría superado el 100 % de su capacidad.
Con esos números sobre la mesa, el Pleno decidió eliminar las dependencias especializadas y trasladar sus competencias hacia otras judicaturas penales, dependiendo de la etapa procesal de cada causa.
La ONU reacciona: “Recibo con preocupación la noticia”
La controversia escaló al plano internacional después del pronunciamiento de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite
“Recibo con preocupación la noticia”, señaló al referirse a la supresión de la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado.
La Relatoría destacó que la unidad ya funcionaba al 50 % de su capacidad tras la suspensión de tres jueces, según su pronunciamiento, y puso especial atención en que la decisión ocurra mientras el propio Consejo de la Judicatura reconoce una emergencia relacionada con un grave déficit de magistrados.
La advertencia va más allá de la estructura administrativa.
El pronunciamiento recuerda que los estándares internacionales obligan a los Estados a garantizar que los tribunales dispongan de los recursos y la capacidad necesarios para administrar justicia eficazmente.
Y lanza una señal particularmente sensible para Ecuador: cualquier suspensión, proceso disciplinario o reestructuración que afecte a jueces debe respetar la independencia judicial, el debido proceso y las garantías contra interferencias arbitrarias.
“Una burla a la cooperación internacional”: crece la reacción nacional
Dentro de Ecuador, la decisión también provocó críticas inmediatas.
La abogada constitucionalista Lolo Miño cuestionó duramente la medida y colocó sobre la mesa otro frente del debate: el impacto sobre la cooperación internacional.
“La eliminación de la justicia especializada en crimen organizado por parte de Judicatura, es una burla a la cooperación internacional. Millones de dólares invertidos en el país al tacho de la basura, en un arrebato”, escribió.
La crítica introduce una dimensión que podría aumentar la controversia: ¿qué ocurrirá con la inversión, capacitación y cooperación internacional destinada a fortalecer las capacidades especializadas contra el crimen organizado?
“Pensé que era mentira”: penalista cuestiona la eliminación
El abogado penalista y profesor universitario Pablo Encalada Hidalgo también reaccionó con sorpresa.
“Pensé que era mentira. ¿Suprimir la unidad anticorrupción y crimen organizado?”, escribió.
Encalada recordó que esa dependencia fue creada con apoyo de Estados Unidos como respuesta al crecimiento de la criminalidad y defendió la especialización judicial como una herramienta utilizada internacionalmente para enfrentar estructuras delictivas complejas.
Según su planteamiento, la justicia especializada constituía además una alternativa frente a propuestas más controvertidas como los denominados “jueces sin rostro”.
Una decisión judicial que ya cruzó las fronteras
La controversia dejó de ser exclusivamente administrativa desde el momento en que llegó al radar de Naciones Unidas.
La advertencia internacional sobre independencia judicial aumenta la presión sobre el Consejo de la Judicatura y obliga a observar no solamente cuántos magistrados podrán conocer las causas, sino cómo se redistribuirán los expedientes, qué ocurrirá con los jueces especializados y qué garantías existirán para evitar interferencias en procesos sensibles.
Ecuador enfrenta así una paradoja: en medio de una emergencia judicial y una crisis de seguridad, elimina su estructura especializada contra corrupción y delincuencia organizada para, según el CJ, ampliar de 19 a más de 50 los jueces capaces de enfrentar esos delitos.
La verdadera prueba comenzará ahora: determinar si la reforma consigue más capacidad y velocidad, como sostiene la Judicatura, o termina debilitando la especialización que requieren algunos de los casos más peligrosos y sensibles del país.
Fuente: Consejo de la Judicatura
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