Ecuador vuelve a encender las alertas en su sistema eléctrico. Cortes de luz en varias ciudades, cambios en el discurso oficial y advertencias técnicas no atendidas configuran un escenario de vulnerabilidad que ya no se explica solo por el estiaje, sino por problemas estructurales acumulados en los últimos años.
Crisis eléctrica: un problema más profundo que la sequía
El diagnóstico que se plantea desde distintos sectores técnicos es claro: el sistema eléctrico ecuatoriano enfrenta una fragilidad estructural. Ya no se trata únicamente de la falta de lluvias o de un ciclo climático adverso, sino de una combinación de factores que han debilitado progresivamente la capacidad de respuesta del país.
El exministro de Energía, Miguel Calahorrano, identifica tres causas clave: la ausencia de nueva generación térmica firme en casi una década, fallas en el mantenimiento del sistema de transmisión —especialmente en el último año— y la pérdida de respaldo externo tras el deterioro de la relación energética con Colombia.
Este enfoque es compartido por otros analistas que coinciden en que el sistema ya opera bajo presión constante.
Apagones, contradicciones y falta de previsión
Los cortes de energía registrados en ciudades como Guayaquil, Quito y Babahoyo —con interrupciones de hasta 15 horas en algunos casos— han evidenciado la debilidad operativa del sistema.
Sin embargo, uno de los elementos que más ha generado cuestionamientos es la gestión comunicacional del Gobierno. Inicialmente se negó la existencia de apagones, atribuyéndolos a mantenimientos programados, pero luego se suspendieron estas intervenciones y se anunciaron cambios en la cúpula de entidades clave como CENACE y empresas eléctricas.
Este manejo ha reforzado la percepción de improvisación y falta de transparencia.
Además, un informe técnico del propio CENACE, emitido el 6 de marzo, ya advertía la necesidad de obras urgentes en el sistema de transmisión, lo que abre el debate sobre si existió o no una adecuada previsión.
Dependencia hidráulica y demanda en crecimiento
Otro punto crítico es la estructura de la matriz energética. Ecuador depende en aproximadamente un 70% de generación hidroeléctrica, mientras la demanda continúa creciendo.
Actualmente, el país registra picos de consumo cercanos a los 5.200 MW, y no existe una expansión suficiente en generación firme que permita sostener esa demanda en escenarios adversos.
El sistema podría mantenerse estable durante los meses de mayor pluviosidad, entre mayo y julio, pero el riesgo se reactivará con fuerza en el próximo estiaje, previsto entre septiembre y octubre.
De hecho, según datos técnicos, el país necesitaría al menos 890 MW adicionales para enfrentar ese periodo con mayor seguridad.
Errores técnicos y decisiones cuestionadas
El análisis también pone el foco en decisiones recientes que habrían agravado la situación. El caso de los proyectos Progen y ATM es señalado como ejemplo de mala gestión, con la adquisición de equipos que no se ajustaban a las condiciones del sistema eléctrico ecuatoriano.
Según Calahorrano, estos casos reflejan falta de profesionalismo e incluso posibles indicios de irregularidades, lo que profundiza la crisis de confianza en la administración del sector.
A esto se suma la postergación de tareas técnicas clave, como el control de sedimentos en Coca Codo Sinclair, que fue reprogramado, incrementando el riesgo operativo en una de las principales fuentes de generación del país.
El debate de fondo: modelo estatal vs. inversión privada
Más allá de la coyuntura, el debate central gira en torno al modelo del sector eléctrico.
Varios expertos coinciden en que el esquema estatal presenta limitaciones para responder con rapidez a las necesidades de inversión, mientras que el sector privado podría aportar capacidad técnica y financiera para acelerar proyectos.
En los últimos dos años se han presentado cerca de 70 iniciativas privadas por alrededor de 600 MW, pero muchas siguen sin ejecutarse debido a trabas burocráticas y regulatorias.
El planteamiento dominante es avanzar hacia un modelo mixto, donde el Estado mantenga el control estratégico, pero con mayor apertura a la inversión privada en generación, transmisión y distribución.
Un sistema “estresado” y con presión hasta 2028
El diagnóstico final es que el sistema eléctrico ecuatoriano está “estresado”, operando al límite de su capacidad.
Si bien podría cubrir la demanda en 2026, la presión se mantendría al menos hasta 2028, dependiendo de la ejecución de nuevos proyectos y del cumplimiento de los planes técnicos existentes.
En este contexto, el perfil del nuevo liderazgo en el sector energético será determinante. Se demanda una figura con conocimiento técnico específico, capacidad de ejecución y habilidad para articular al sector público y privado.
Fuente: Programa de Lunes a Lunes – Teleamazonas
