Fiscalía allanó sede del movimiento en investigación por presunta delincuencia organizada vinculada a campaña 2023
La Fiscalía General del Estado ejecutó cuatro allanamientos dentro de la investigación previa denominada “Caja Chica”, que indaga una presunta estructura de delincuencia organizada relacionada con lavado de activos y posible financiamiento irregular de la campaña presidencial 2023.
En entrevista con Ecuavisa, Gabriela Rivadeneira, dirigente del movimiento Revolución Ciudadana, rechazó las acusaciones y calificó el caso como un acto de persecución política y hostigamiento judicial.
Investigación de la Fiscalía
Según la hipótesis fiscal, el proceso estaría vinculado a declaraciones de un exjefe de campaña que aseguró haber traído dinero desde Venezuela para financiar actividades proselitistas.
En el marco de la investigación, agentes allanaron la sede política del movimiento, diligencia que generó reacciones en el ámbito político nacional.
La Fiscalía sostiene que investiga presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y financiamiento irregular.
Rivadeneira: “No existe asidero legal”
Durante la entrevista, Rivadeneira afirmó que el proceso carece de fundamento jurídico y se basa en declaraciones de una persona que, según ella, está judicializada por otro delito.
Sostuvo que no existe evidencia que respalde la hipótesis fiscal y aseguró que el sistema judicial está “copado”, mencionando el caso de Mario Godoy como ejemplo de irregularidades dentro del aparato judicial.
Para la dirigente, el caso no responde a una investigación legítima sino a un intento de hostigamiento político en un contexto preelectoral.
Niegan financiamiento desde Venezuela
Sobre el señalamiento de presuntos aportes desde Venezuela, Rivadeneira negó categóricamente que la campaña presidencial de 2023 haya recibido fondos de ese país o de cualquier otro gobierno extranjero.
Indicó que la candidata presidencial de entonces negó públicamente cualquier financiamiento externo y que la entidad competente para fiscalizar los fondos de campaña es el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Aseguró que todas las auditorías y documentos reposan en el CNE y en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y que el movimiento ha realizado auditorías internas para transparentar sus cuentas.
Responsabilidad financiera y controles electorales
Consultada sobre el rol del responsable financiero de campaña, Santiago Díaz, Rivadeneira reiteró que la supervisión y control de recursos es competencia del CNE.
No reconoció fallas internas y sostuvo que todos los procedimientos fueron auditados formalmente ante las autoridades electorales.
También afirmó que desde 2022 el movimiento tiene recursos del fondo partidario retenidos y que han enfrentado procesos administrativos ante el órgano electoral.
Argumento político y crisis nacional
Rivadeneira contextualizó el caso dentro del escenario político actual y sostuvo que funciona como una “cortina de humo” frente a otros problemas del país.
Mencionó denuncias que, según su criterio, no han sido investigadas con la misma intensidad y vinculó el proceso al gobierno del presidente Daniel Noboa.
Además, señaló que Ecuador atraviesa una grave crisis de violencia, con una tasa de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que —a su juicio— debería ser prioridad institucional.
Posible proscripción electoral
La dirigente reconoció que existe la posibilidad de que intenten eliminar al movimiento del registro electoral antes de los próximos comicios.
Recordó que en 2018 ya enfrentaron un proceso de proscripción y afirmó que están preparados para un escenario similar, incluyendo la evaluación de alianzas políticas con otras organizaciones como RETO.
Allanamiento y elementos incautados
Entre los objetos incautados durante el allanamiento, señaló que se llevaron una camiseta de campaña de Andrés Arauz.
Cuestionó la proporcionalidad del operativo frente a otros hechos de violencia e inseguridad que afectan al país. Fin
FUENTE: ECUAVISA
