En 2021, Perú reportó la existencia de 84 conflictos sociales mineros, según datos de la Defensoría. De ellos, 44 están activos y 40, latentes. El año se cierra con el anuncio de cese de operaciones del yacimiento Las Bambas en Apurímac (sur). Mal año para la principal actividad económica del país. ¿Qué pasó?
El yacimiento cuprífero de Las Bambas es uno de los más importantes en el segundo país con mayor producción de cobre en el mundo después de Chile. El 3 de diciembre, la compañía minera china MMG, encargada de su explotación, anunció el cese de sus operaciones para la quincena de este mes por ser inviable el proyecto luego de las continuas protestas de comunidades aledañas que demandan beneficios sociales y económicos derivados de la explotación.
En ese sentido, si bien los conflictos sociales mineros son de vieja data en Perú, durante el Gobierno del actual presidente Pedro Castillo, quien asumió en el mes de julio, parece que todo se ha agravado, poniendo a la minería y a la inversión privada minera, como nunca antes, en la discusión política.
GOBIERNO ANTIMINERO
Rodolfo Rojas es analista político financiero y consultor en la firma Sequoia Political Advisory. En conversación con la Agencia Sputnik explica la razón del incremento no solo de los conflictos sino de su relevancia en la discusión nacional.
«El repunte (de conflictos sociales mineros) tiene que ver esencialmente con una visión de los conflictos que está absolutamente sesgada hacia el lado de las comunidades que protestan. En las campañas electorales en primera y segunda vuelta, el presidente Castillo solo alimentó las expectativas ciudadanas en función a los recursos que tienen que ver con, además de la minería, materias primas como petróleo o el gas», explica Rojas.
En ese sentido, el experto apunta que actualmente en Perú el presidente ha llegado a generar expectativas en la población aledaña a los yacimientos sobre mejoras en sus niveles de vida en base a una mayor recaudación tributaria de las mineras y así generar mayores obras sociales, lo que califica como un error.
«La distancia entre las expectativas y la realidad es enorme porque el Estado no realiza una gestión efectiva del gasto público, y porque la administración está mal diseñada. Hay distritos mineros que tienen muchísimo dinero por el canon minero (dinero destinado a los gobiernos locales y derivado de la explotación), pero sus limitaciones son grandes, solo pueden hacer obras de impacto local, por eso vemos coliseos en esos distritos en los que su aforo es mayor al número de la población, por ejemplo», detalla Rojas.
Por otro lado, considera que la izquierda peruana siempre ha tenido una «posición antiminera» y apunta que la primera ministra Mirtha Vásquez es una «conocida antiminera», por lo que en ese sentido el Gobierno se ha puesto del lado de las poblaciones cuando muchas veces lo que estas hacen es un «chantaje» contra las empresas explotadoras.
Rojas señala que el anuncio hecho en noviembre por Vásquez de cerrar cuatro minas en el sur de Perú, «ilegalmente y de forma unilateral» –una decisión sobre la que el Gobierno dio marcha atrás–, solo consiguió dar el mensaje de que si las comunidades protestan de manera violenta, el Gobierno va a cumplir con sus exigencias, justas o no, razonables o no, en detrimento de las empresas.
«El papel de la empresa privada es pequeño y no puede reemplazar al del Estado, y como el Estado no existe en la práctica, a quienes le endosan las supuestas deudas históricas con estas comunidades es a las empresas», afirma el experto.
POPULARIDAD Y MINERÍA
Por otro lado, y como una falencia capital del actual presidente para manejar el tema de los conflictos mineros, Rojas indica que Castillo «aún sigue en el papel de candidato y erróneamente cree que ponerse del lado de las comunidades va a hacer que aumente una aprobación ciudadana que se está desplomando y que parece ser la preocupación mayor» del mandatario.
Actualmente, los niveles de desaprobación a la gestión de Castillo están cercanos al 60 por ciento, una situación que, alega Rojas, el presidente busca remediar con mayor gasto público y bonos sociales, olvidando que esas medidas se ejecutan con dinero privado, mismo dinero que, como en el caso de Las Bambas, no va a ingresar a las arcas si las operaciones se cierran.
«Las empresas tienen que tomar medidas para protegerse del chantaje de comunidades que, en muchas ocasiones, no están siquiera en el campo de acción de las operaciones, pero que han hallado en la protesta un «modus operandi» para conseguir beneficios. La defensa que ejercen las empresas mineras es el cierre de sus operaciones», explica el consultor.
Visto así, la solución a esta problemática aparece improbable, pues la agenda del Gobierno es distinta a la agenda del país, y porque más allá de las impresiones de las poblaciones urbanas lejanas, en las zonas de influencia directa de las minas el descontento crece frente al cierre de una actividad que genera ingresos y empleos.
Sergio Llerena Caballero – Agencia Sputnik
