El domingo 4 de febrero se realizó una Consulta Popular en el Ecuador impulsada por el presidente Lenín Moreno que obtuvo un amplio respaldo en las urnas. Esto era previsible por el alto nivel de popularidad con el que todavía cuenta Moreno, el control de aparato estatal y el apoyo de la inmensa mayoría de los medios de comunicación, tanto estatales como privados.
Los ecuatorianos le dijeron que sí a las siete preguntas formuladas en la Consulta. Estas iban desde la inhabilitación política a quienes estuviesen involucrados en casos de corrupción, hasta penas por delitos sexuales contra niños, la prohibición de la minería metálica, o leyes sobre la especulación de tierras y la explotación petrolera entre otros temas.
Pero la pregunta central que partió aguas en Ecuador fue la número dos, para anular la reelección indefinida. Si bien cada país tiene un sistema político diferente y hay casos donde la reelección indefinida es permitida y en otros vetada, no se puede afirmar que era una respuesta a un “clamor popular” contra la reelección indefinida dado que durante la campaña electoral de 2017 esta iniciativa no formó parte de la plataforma de gobierno de Moreno. Por dicho motivo es muy difícil pensar que no fue una pregunta diseñada para cerrarle el paso a una nueva postulación presidencial del expresidente Rafael Correa, con quien hoy Moreno está enfrentado.
Apenas un año atrás Moreno y Correa viajaban por el país para ganar las elecciones generales y asegurar la continuidad de la llamada “revolución ciudadana” que nació en 2007 cuando Correa asumió la presidencia. Si bien había muchas dudas al interior del movimiento creado por Correa respecto de la candidatura de Moreno, fue el mismo presidente quien la impulsó para frenar a la derecha ecuatoriana representada por el empresario Guillermo Lasso. Por eso Correa en persona participó activamente durante la campaña electoral de 2017 para ayudar a Moreno a triunfar en primera y segunda vuelta.
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