El Decreto Ejecutivo No. 32, firmado el 15 de junio de 2025 por el presidente de la República, introduce reformas profundas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y al Reglamento de Operaciones de Gas Natural. A pesar de invocar una supuesta “transición energética”, el decreto habilita una nueva ola de privatización en el sector eléctrico nacional.
Entre los 50 artículos del nuevo marco regulatorio, destacan medidas que permiten a empresas privadas asumir directamente proyectos de generación hasta 100 MW sin estar previstos en el Plan Maestro de Electricidad, y facilitan aún más la delegación de infraestructura estratégica cuando el Estado no actúe “a tiempo”. Esta norma no solo reduce la planificación estatal, sino que le resta soberanía al país en el manejo de su sistema energético.
El decreto crea fideicomisos obligatorios para asegurar el pago a generadores privados y establece que, en caso de crisis, ARCONEL podrá ordenar la desconexión de grandes usuarios, trasladando el problema a quienes más dependen del servicio. Además, obliga a empresas con tarifa de alto voltaje a generar su propia energía, favoreciendo nuevamente a los grandes grupos económicos que pueden costear esta inversión, mientras se excluye a cooperativas y pequeños usuarios.
Otra preocupación es la habilitación del uso de gas natural, diésel y hasta energía nuclear como parte de la “transición”, en evidente contradicción con los principios de sostenibilidad. Si bien se habla de eficiencia en alumbrado público y compensaciones a los territorios, el fondo del decreto revela una profundización del modelo extractivo y privatizador, que puede generar más desigualdades y dependencia externa.
Aunque el discurso oficial habla de “agilidad, sostenibilidad y seguridad energética”, la medida podría significar más apagones, tarifas más altas y pérdida de control sobre un recurso estratégico, señalan analistas.
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