Quito, 12 nov (Sputnik).- Más de 11.000 indígenas y campesinos de las comunidades del Pueblo Kichwa Panzaleo, integrantes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador(Ecuarunari), se manifestaron el martes en las localidades de Salcedo y Latacunga, en el norte del país, para denunciar el abandono del sector agrícola por parte del Gobierno y exigir un decreto de emergencia por la sequía.
«Esta es la movilización más grande registrada en el país en este 2026, denunciando el abandono del agro y la falta de respuestas del Gobierno de Daniel Noboa frente a una devastadora sequía», indicó el medio comunitario Kapari Comunicación en su cuenta de la red social X.
Las comunidades participantes emitieron un manifiesto público en el que alertaron que la falta de agua y la crisis económica están destruyendo sus cultivos y afectando al ganado. Por ello, exigieron una redistribución justa del líquido vital, precios justos para sus productos agrícolas y una moratoria minera inmediata en los páramos y las fuentes de agua locales.
En un texto difundido previamente por varias comunidades se señala que, en la provincia de Cotopaxi, 147.486 hectáreas carecen de riego debido a la falta de una política agrícola dirigida a los pequeños agricultores.
«Mientras las empresas capitalistas agroindustriales disfrutan de los recursos hídricos, donde el 1 por ciento de usuarios acapara el 64 por ciento del caudal de riego, los pequeños productores padecemos la crisis del agua», señala el documento divulgado.
Entre las reivindicaciones figura la exigencia a la Secretaría del Agua de revertir las concesiones de uso y aprovechamiento del agua acaparadas por haciendas agroindustriales florícolas y brocoleras, en beneficio de las comunidades.
También se demanda que varias empresas sean obligadas a instalar sistemas de riego por goteo para frenar el desperdicio de agua, así como la creación del Fondo de Agua de la provincia de Cotopaxi, con aportes públicos y de la cooperación internacional, que reciba anualmente cinco millones de dólares del Ministerio de Desarrollo Económico y Productividad.
Ante esta situación, los firmantes exigieron al Gobierno investigar las denuncias sobre sobrevuelos de avionetas en Cotopaxi y prohibirlos, medir la contaminación del aire y del suelo en las zonas donde operan las empresas productoras de brócoli y declarar la emergencia por la sequía.
Además, pidieron la creación de un fondo de emergencia de unos 18 millones de dólares para mitigar los problemas relacionados con el agua.
También reclamaron que las empresas industriales estén obligadas a respetar el precio de la leche, fijado en 0,2 centavos, y a controlar a sus intermediarios.
Asimismo, plantearon que las empresas florícolas y brocoleras incrementen en 50 dólares el salario de sus trabajadores y que se ponga fin a la persecución del transporte alternativo y comunitario.
Entre los colectivos firmantes del manifiesto figuran la Federación de Comunidades y Organizaciones de Salcedos (Fedos), la Corporación de Organizaciones Indígenas (Cabildo Mayo de Cusubamba) y el Consejo de Gobierno de las Organizaciones de Base de Mulalillo (Unocam). (Sputnik)
