Quito, junio de 2025. La reciente decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad contra el esquema normativo de los peajes —iniciada por el concejal quiteño Fidel Chamba— ha encendido las alarmas en todo el país. Aunque el proceso aún no ha concluido, su sola admisión ha generado un clima de indignación y preocupación entre los moradores del área de influencia de la Autopista General Rumiñahui, así como entre expertos en movilidad, autoridades locales y usuarios frecuentes de otras vías concesionadas.
Desde distintos sectores se advierte que esta acción podría sentar un nefasto precedente, debilitando el modelo de gestión que permite actualmente el mantenimiento, limpieza y operación eficiente de las principales vías del país. Servicios vitales como el auxilio mecánico, el traslado de grúas, la atención médica de emergencias, el mantenimiento de áreas verdes, cunetas, alcantarillas, taludes y la recolección de tierra de los deslaves, quedarían sin financiamiento, afectando directamente a la ciudadanía.
A la par del rechazo técnico, ha comenzado a organizarse una marcha ciudadana contra lo que los moradores califican como un “oportunismo político irresponsable” por parte del concejal Chamba.
“Fidel Chamba no tiene idea de lo que cuesta mantener esta autopista. Lo hace solo para figurar políticamente. Aquí nadie se va a hacer cargo si se cae todo este sistema”, reclamó María Eugenia Torres.
“Nosotros vivimos aquí, y sabemos que sin ese peaje, no hay ambulancias, no hay grúas, no hay nada. Este concejal viene a meter cizaña desde Quito, cuando ni siquiera transita por acá”, manifestó Carlos Mantilla, morador del barrio La Armenia.
“No se puede destruir un modelo que ha funcionado bien por años, solo por buscar titulares. Esta autopista no se mantiene sola, y sin recursos se va a venir abajo”, advirtió Juan Francisco Barrera, ingeniero jubilado de Conocoto.
El documento emitido por la Corte Constitucional, bajo la ponencia de la jueza Karla Andrade Quevedo (Caso 28-25-IN), indica que el proceso avanza sin prejuzgar el fondo, pero ya causa incertidumbre jurídica. La Prefectura de Pichincha tiene ahora 15 días para presentar argumentos y documentación que respalden la legalidad de las disposiciones vigentes.
Los ciudadanos, sin embargo, no están dispuestos a esperar en silencio.
“Estamos organizando una marcha para defender lo que hemos construido con esfuerzo. Esta autopista no es un campo de batalla para politiqueros. Si él quiere hacer campaña, que no lo haga a costa de nuestra seguridad”, añadió Torres, quien se ha unido a un comité barrial que coordina la movilización.
Dato adicional preocupante
Según datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), actualmente Ecuador cuenta con más de 40 estaciones de peaje distribuidas en distintas provincias, y gracias a los ingresos generados por estos sistemas, se mantienen más de 5.000 kilómetros de vías en condiciones operativas. Estas rutas incluyen tramos fundamentales para el comercio, el turismo, la seguridad ciudadana y la conectividad entre zonas rurales y urbanas.
Además del impacto inmediato en la operatividad vial, esta acción también pone en riesgo los futuros procesos de sustentabilidad y autogestión que tanto el Municipio de Quito como otros Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales podrían tener planificado en sus jurisdicciones. Modelos de mantenimiento vial basados en recursos propios, como los peajes, son condiciones necesarias para garantizar la viabilidad financiera de créditos internacionales. Organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y otros, exigen que municipios y prefecturas demuestren capacidad de repago y fondos sustentables, entre ellos los generados por peajes, como condición para otorgar financiamiento.
La eliminación o debilitamiento de este modelo implicaría la paralización de servicios esenciales que el Estado no podría asumir de forma inmediata ni con el mismo nivel de eficiencia. La demanda del concejal Chamba no solo pone en riesgo la sostenibilidad vial de la Autopista General Rumiñahui, sino que amenaza con desmantelar el modelo de gestión de toda la red vial nacional. La ciudadanía ya lo ha identificado como el responsable político directo del posible deterioro de la infraestructura vial del país.
FIN
