Quito, Luis Arroyo, padre de dos de los cuatro menores asesinados en el suroeste de Ecuador en diciembre pasado, solicitó un pronunciamiento por parte del presidente Daniel Noboa sobre este caso, en el cual han sido implicados 16 militares.
«Queremos que se haga justicia y que el presidente se pronuncie y tome las sanciones pertinentes para que sean sancionados estos 16 militares», afirmó Arroyo en un plantón realizado en el sitio donde los cuatro menores fueron capturados por una patrulla de agentes de seguridad antes de ser ejecutados.
Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), y sus amigos Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años) fueron recordados con un «chigualo», un homenaje de la tradición afro a los fallecidos.
Velas, flores blancas y fotografías fueron colocadas por los participantes del plantón, realizado en el mismo lugar donde los menores fueron capturados por los militares armados.
El padre de Josué e Ismael dijo que esta convocatoria no es politizada, sino que ha sido organizada por familiares, amigos y con apoyo del Comité Permanente por los Derechos Humanos que les ha dado acompañamiento y representación ante la justicia.
Arroyo dijo que las familias quieren transparencia en la investigación y que se haga justicia. Además, señaló que quieren recibir información forense sobre las circunstancias en que murieron los niños.
Esta semana, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, arremetió contra la jueza Tanya Loor por declarar la «desaparición forzada» en este caso.
Según dijo, la jueza Loor se pronunció a pesar de que no tenía capacidad ni facultad alguna para hacerlo.
«No voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las FFAA que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos», aseveró.
En una alocución para ofrecer disculpas públicas a los familiares de las víctimas, el ministro arremetió contra el «uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política» y añadió que «las FFAA no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno».
El lunes se conoció que el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, firmó un «recurso de apelación» al fallo de la jueza Loor, mientras la ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que la sentencia responde a una «actuación política de persecución» contra el Gobierno, por lo cual pidió que se declare la nulidad de lo actuado.
Tras conocer ambas acciones, el abogado Fernando Bastias, del equipo de defensa de los familiares de los niños, afirmó que las Fuerzas Armadas buscan impunidad en el caso.
«El espíritu de cuerpo que hacen en favor de los 16 soldados, sumadas a las campañas de desinformación y ataque que orquestan contra las familias de las víctimas, son muestras claras que lo que ustedes quieren es impunidad en esta desaparición forzada y ejecución extrajudicial», señaló en su red social X el abogado Bastias.
Este caso ha conmocionado al país y motivó la preocupación de la Unicef y del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur (Acnudh), Jan Jarab, que han instado al Gobierno a realizar las investigaciones correspondientes y llegar a la verdad.
Con información de Agencia Sputnik
