Quito, 21 nov (Sputnik).- Un total de 28 organizaciones sociales cannábicas de Ecuadorbuscan evitar la criminalización de usuarios adultos y establecer parámetros de tenencia para diferenciar el consumo del tráfico ilícito, a la vez que promueven una propuesta de ley para la regulación integral del uso terapéutico de esta planta.

«Estamos buscando otro camino para seguir debatiendo la posible regulación integral del cannabis en el Ecuador con los poderes del Estado», señaló a la Agencia Sputnik el vocero de la Red de Organizaciones Cannábicas del Ecuador (Redcan), Gabriel Alejandro Buitrón Almeida.

Según Buitrón, la propuesta permitiría que la Corte Constitucional, en el ámbito de sus competencias, considere remitir a la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) un texto que sirva de base para discutir la regulación del cannabis, incluido aquel que contiene concentraciones de tetrahidrocannabinol (THC) superiores al uno por ciento.

La demanda constituye una nueva vía para impulsar una iniciativa ciudadana que anteriormente no logró completar los requisitos necesarios para avanzar en el Legislativo.

El representante de Redcan explicó que el proyecto había superado una revisión inicial de su estructura jurídica, pero no alcanzó el número de firmas válidas exigidas para continuar su tramitación como iniciativa popular normativa.

«Presentamos 44.000 firmas, de las cuales se anularon cerca de 17.000 y quedamos con menos de 30.000 firmas cuando necesitábamos 34.600», precisó.

El Consejo Nacional Electoral sólo validó 27.697 firmas, por lo cual el pleno parlamentario declaró (con 89 votos a favor) la imposibilidad de avanzar con el trámite.

Ante ese resultado, las organizaciones decidieron acudir a la justicia constitucional con la intención de mantener abierta la discusión sobre un modelo regulatorio que contemple tanto el uso adulto como otras aplicaciones de la planta.

REGULACIÓN DEL CANNABIS Y POLÍTICA ANTIDROGAS

Uno de los principales planteamientos de las organizaciones consiste en establecer límites claros de tenencia y posesión para distinguir entre quienes son consumidores y traficantes.

Buitrón sostuvo que este mecanismo, utilizado en distintos países, permitiría evitar que personas detenidas por tenencia de pequeñas cantidades de cannabis sean tratadas como integrantes de estructuras dedicadas al narcotráfico.

«No estamos pidiendo solo la tabla de dosis máxima de consumo, estamos pidiendo una ley orgánica de regulación integral de todo el cannabis en el Ecuador», subrayó.

Este debate se ha generado luego que en 2023 el actual Gobierno dispusiera la eliminación de la tabla de cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal, que establecía una referencia de 10 gramos para el cannabis.

A juicio del vocero, esa decisión incrementó la incertidumbre jurídica para los usuarios y abrió la posibilidad de que sean objeto de procedimientos penales, pese a no estar involucrados en actividades de comercialización.

«Queremos que no se inflen las cifras de población carcelaria con falsos positivos, con pequeños usuarios y consumidores de cannabis, sino que se proteja a las personas usuarias y haya una lucha real contra los grandes grupos de narcotráfico», afirmó.

DEBATE CON DIMENSIÓN INTERNACIONAL

La controversia ecuatoriana se inscribe en una discusión internacional sobre las políticas de control de drogas y las alternativas a la prohibición.

Países como Uruguay, Canadá y Alemania han adoptado distintos modelos de regulación del cannabis para adultos, con diferencias en materia de producción, distribución, posesión y comercialización.

En Ecuador, la legislación ya contempla un régimen para el cannabis con concentraciones de THC inferiores al uno por ciento, mientras que las organizaciones demandantes buscan ampliar el alcance de la regulación.

Buitrón cuestionó además los efectos de los operativos antidrogas sobre los consumidores y consideró que las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en las organizaciones criminales de mayor capacidad económica.

Según la «Propuesta de ley de regulación integral del uso responsable del cannabis en Ecuador», el mercado actualmente ilegal y quienes lo manejan no consideran ni implementan buenas prácticas de producción, transporte, logística, almacenamiento y distribución, por lo que el cannabis ilegal termina siendo de mala calidad para el público adulto y una oferta accesible para menores de edad.

«Si el Estado ecuatoriano regula el cannabis, sus productos podrían ofrecerse con descripción clara de calidad y origen, mediante productores legales y licenciatarios, lo que permitiría un mejor control y prevención para precautelar el consumo en niñas, niños y adolescentes», dice el texto de la iniciativa.

Añade que se busca igualmente regular el autocultivo de hasta 30 plantas por persona, así como la regulación del autocultivo asociativo sin fines de lucro.

«Esta ha sido una bandera del movimiento cannábico, no solo en Ecuador, sino en el mundo: el acceso libre a cultivar plantas personales de cannabis que no estén destinadas a la venta, sino al autoabastecimiento individual o asociativo», precisa el proyecto.

Ello, según se alega, podría ayudar a reducir la demanda, ya que muchos usuarios de cannabis dejarían de comprar en ese circuito, además de los beneficios que podrían tener asociaciones de pacientes, clubes de usuarios, comunidades y familias. (Sputnik)

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