Quito, La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) alertó este domingo a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales sobre una intervención militar del gobierno en la provincia de Napo (Amazonía), ante la oposición de las comunidades a la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la localidad de Archidona.
«Alertamos a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a mantenerse vigilantes de lo que pueda ocurrir en la Amazonía Ecuatoriana y responsabilizamos al Gobierno de (Daniel) Noboa y al Ejército ecuatoriano por la integridad de nuestras hermanas y hermanos», indicó la Confeniae en su cuenta de la red social X.
Según describió la organización social, esta madrugada llegaron a Napo cinco camiones con militares armados para controlar la situación, uno de los cuales atropelló a dos jóvenes en la comunidad Costa Azul y destruyó dos campamentos de la resistencia indígena-campesina.
«Exhortamos al presidente Daniel Noboa que se abstenga de reprimir al pueblo y atienda nuestra demanda de nuestras comunidades, que ya es una resolución a nivel regional: no queremos la cárcel de máxima seguridad en la Amazonía», dijo la Confeniae.
Desde el viernes la resistencia indígena tomó la Gobernación, custodiada inicialmente por la Policía Nacional, en señal de protesta contra la edificación de un nuevo penal en su territorio.
Los residentes de Archidona han expresado su rechazo al proyecto de una cárcel de máxima seguridad en la zona por temores de que una eventual afectación de esta obra al turismo y porque esta nueva cárcel traiga consigo un foco de violencia, debido a la presumible presencia de grupos delictivos asociados al sistema carcelario.
Además, alegan la violación de sus derechos a un consulta libre, previa e informada antes de la concesión de proyectos de esta índole.
Este sería uno de los dos centros carcelarios previstos por el gobierno de Noboa, mientras el otro ya se construye en la provincia de Santa Elena, en el sur del país, igualmente con el rechazo de los habitantes de la zona aledaña.
La obra se estima en 51,97 millones de dólares y fue adjudicada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) a una empresa cuyo nombre se mantiene en reserva.
Con información de Agencia Sputnik
