Quito, 29 sep (Sputnik).- Los ecuatorianos Jhonny Valencia, Dayana y Angélica Mero viven con incertidumbre a la espera de noticias de sus familiares desaparecidos en altamar a bordo del buque Fiorella, que partió a finales de enero de este año, en coincidencia con los operativos de EEUU en el Pacífico Oriental en colaboración con el Gobierno del país sudamericano.
Desde hace ocho meses, las familias viven suspendidas en una espera que no termina: lloran a quienes no saben si están vivos, buscan respuestas que no llegan y enfrentan dificultades económicas después de perder la principal fuente de ingresos de sus hogares.
Incluso algunas esperan que sus familiares hayan sido detenidos en algún país de la región; otras temen no volver a saber nunca qué ocurrió con ellos.
Valencia relató a la Agencia Sputnik que el Fiorella había salido el 13 de enero pasado con 10 pescadores, entre ellos su hijo, Juan Carlos, el capitán de la embarcación, quien le transmitió en varias llamadas que eran seguidos por drones, aviones y un buque guardacostas estadounidense.
«El último contacto que tuve con él fue a las 8:30 de la mañana (13:30 GMT) del día 20 (de enero); él me dijo que desde el 17 (de enero) le andaban (rondando) drones, aviones, guardacostas estadounidenses», contó.
Del total de pescadores a bordo, solo dos lograron retornar a tierra y relataron que el buque había fondeado y lanzado su espinel de pesca, pero se habían alejado antes en una embarcación pequeña para faenar aparte.
Sin embargo, cuando regresaban a su embarcación, el 20 de enero a las 20:30 de la noche (01:30 GMT), vieron en las mismas coordenadas una «humazón» y el espinel de pesca.
El Comité Permanente en Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Ecuador publicó un informe, según el cual el barco Fiorella es uno de los 11 buques interceptados y destruidos por EEUU desde enero de este año, tras ser señalado como punto flotante de apoyo logístico para grupos delincuenciales que trafican drogas.
El documento incluye igualmente a las embarcaciones Negra Francisca Duarte II, Don Maca, Los Tres Hermanos, Conquista II, OM2, María Candelaria, Karla Franshesca, Montecristi, Don Rufo y X Siempre Don Carlos.
De acuerdo con ese informe, 206 pescadores se han visto afectados por abordajes violentos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, incomunicación y destrucciones de embarcaciones como resultado de operaciones de militares de EEUU entre las Islas Galápagos y la costa continental de Ecuador.
FAMILIAS AFECTADAS
Esta situación ha causado un impacto en las familias de los pescadores ante la incertidumbre sobre el paradero de los desaparecidos y la destrucción de sus embarcaciones, lo que deja de facto sin empleo y sin recursos a quienes dependían de esos ingresos.
«Yo ya no pesco, estoy enfermo. A veces por ahí ando reciclando, no me queda otra porque no hay trabajo», señaló Valencia, quien dejó de trabajar hace apenas un año después de 40 años ininterrumpidos de ser pescador.
Valencia recibía la ayuda de su hijo, quien tiene una niña de dos años.
Asimismo, aseguró que la vida de los pescadores es muy dura porque se pasan unos 25 días en el mar, pero cuando regresan se recibe unos 200 o 250 dólares para vivir hasta que otra vez vuelven a salir, mientras el capitán se lleva entre unos 500 o 600 dólares.
Desde enero tampoco Dayana Mero ha tenido sosiego y no puede hablar sin llorar porque su hogar de siete personas está incompleto, ya que su padre, José Mero, uno de los tripulantes del Fiorella, sigue sin retornar a la casa.
«Como yo soy madre soltera, él crió a mis dos hijos. Es muy duro porque pasan los días, los meses y no se sabe nada, no se sabe qué pasó con ellos», señaló a la Agencia Sputnik.
Ella aseguró que el panorama en su hogar es complejo porque su madre sufrió un derrame cerebral y tiene una hermana de 29 años discapacitada; solo su hermano de 23 años, que es albañil, resuelve trabajos eventuales con los cuales va sacando para la comida del día para todos.
Ahora ella se ha unido al grupo de familiares de los pescadores del Fiorella para reclamar al Gobierno la búsqueda de los pescadores.
Por su parte, Angélica Mero se quiebra igualmente cuando se pregunta en voz alta dónde pueden estar su esposo, de 50 años, y su hijo, de 26 años, también tripulantes de ese buque, pero cree tener una explicación.
«Como fue el primer barco, nosotros no sabíamos qué le había pasado, pero como ya nos estamos dando cuenta de los otros casos (…) nosotros imaginamos que también le hicieron lo mismo», señaló a la Agencia Sputnik.
Ocho meses después de la desaparición del Fiorella y sus tripulantes, sus familiares albergan la esperanza de que ellos hayan sido llevados a algún centro de retención o una cárcel de la región, como en otros casos más recientes.
«Nos han dicho que hay una cárcel allá en El Salvador, en Nicaragua y dicen que allá meten los presos, no los dejan ver, no se sabe hasta el año. Lo que queremos tener es una noticia de si están por allá nuestros familiares. Esa es la fe y la esperanza que tenemos», señaló Valencia.
PROCESOS LEGALES
Los familiares de los tripulantes del Fiorella han presentado las respectivas denuncias ante la Fiscalía, un proceso que cuenta con el acompañamiento del CDH, que alega desaparición forzada temporal y permanente, según el caso.
El abogado Fernando Bastias, del CDH, señaló a la Agencia Sputnik que los procesos abiertos responden a que los pescadores «fueron víctimas de desaparición forzada de corta duración y únicamente ocho de la embarcación Fiorella son víctimas de desaparición forzada de manera prolongada, es decir, su paradero aún se desconoce».
En su opinión, la ilegalidad que se ha cometido por parte del Estado es la omisión los procedimientos de Ecuador en los operativos que se realizan en altamar.
«Así ocurra en cualquier otro territorio, mientras haya conocimiento del Estado ecuatoriano, existe la obligación de aplicar el procedimiento y es lo que no se aplica: el debido proceso», enfatizó.
Bastias apuntó que todo operativo debe realizarse bajo los estándares del debido proceso y la destrucción de la embarcación no forma parte de ello.
La legisladora Mónica Palacios, de la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (oposición), señaló a la Agencia Sputnik que durante su reciente visita a la ciudad de Manta, provincia de Manabí (noroeste),pudo constatar que el Gobierno no «está haciendo nada para realmente hablar con los pescadores y escuchar su versión de los hechos».
«Ellos han comentado una y otra vez que han sido atacados por EEUU. En las primeras tres embarcaciones que fueron atacadas, que es la Negra Francisca, Fiorella y Don Maca, el Gobierno ecuatoriano ha dicho desconocer de estos ataques y no les han ayudado de ninguna manera a los pescadores», señaló.
Palacios indicó que en el caso del Fiorella incluso la ONU solicitó al Gobierno de Daniel Noboa un cronograma de búsqueda del barco, con plazo máximo 16 de abril de este año, pero hasta finales de septiembre todavía no lo había cumplido.
La parlamentaria cuestionó el hecho de que públicamente se ha señalado a los pescadores de estar traficando con combustible y con droga, pero no hay evidencias de esos ilícitos.
Según adelantó, en el parlamento unicameral se sigue un proceso de fiscalización de estos sucesos y adelantó que se podría escalar una solicitud de juicio político contra del Ministerio de Defensa y también del canciller.
La legisladora llamó la atención de que, a partir de las últimas interceptaciones de buques, se han iniciado procesos contra los tripulantes por asociación ilícita, pero no por tráfico de drogas o de combustible.
El 13 de agosto el periódico estadounidense The Washington Post publicó una investigación según la cual estas operaciones estarían vinculadas con un programa encubierto de la CIA contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico. (Sputnik)
