Quito, La ministra del Interior de Ecuador, Mónica Palencia, presentó una denuncia tras la decisión de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) de no acatar la decisión de un juez para que sea retomado el juicio político contra tres exministros, con lo cual se adelantaría el proceso en su contra en el Legislativo.
“Hay un anuncio de deliberado desacato a la orden de un juez en actuación de justicia constitucional», señaló la ministra en su demanda, citada por el diario El Universo en su página digital.
De acuerdo con la publicación, la ministra alegó que se reservará el derecho de declararse víctima «del sistema de decisiones y procedimientos de la Asamblea Nacional» y solicitará reparación integral e indemnización por los daños y perjuicios y por el daño moral y colaterales.
«El perjuicio de este tipo de anuncios es al sistema democrático; a la seguridad jurídica, a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica; entre otros; y cuando, como en mi caso, estoy enfrentando procedimientos por fuera de la normativa vigente y arbitrarios, tal anuncio, suma al perjuicio ya ocasionado», señala el texto atribuido a Palencia.
La ministra afronta un juicio político por presunto incumplimiento de funciones y tras la incursión de la fuerza pública en la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas (2012-2018).
La denuncia tuvo lugar luego de que el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, anunció a medios locales que el Legislativo no aceptará la sentencia del juez de primera instancia para que sean procesados los exministros Pablo Arosemena (de Economía y Finanzas) ; Sebastián Corral (exsecretario de la Administración) y Andrea Montalvo (exsecretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación), quienes ejercieron sus cargos durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023).
“Esta sentencia es inaplicable. Tendrá que ser revisada por fallar contrario a la Ley y la Constitución, por usar la justicia constitucional para interferir en el accionar de la Asamblea Nacional, interferir en las funciones de Estado, y su afectación a todos los ecuatorianos”, expuso Muñoz.
El funcionario del parlamento indicó que se tomarían todas las medidas administrativas y penales para frenar las arbitrariedades y anunció que se presentará una denuncia al juez Edgar Romero por error inexcusable y otra penal, por prevaricato.
El juez Romero aceptó la solicitud de una legisladora del oficialista movimiento «ADN» y dispuso levantar el archivo de los juicios políticos a los tres exfuncionarios, lo cual Muñoz calificó como «una nueva metida de mano en la justicia para favorecer a intereses políticos”.
Con información de Agencia Sputnik
