El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, fue convocado para comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador en un plazo máximo de ocho días, en el marco de una serie de denuncias que cuestionan su actuación al frente del organismo encargado de la administración de justicia.
La convocatoria se produce en un contexto de creciente preocupación política e institucional por presuntas acciones reñidas con la ley, que —según varios legisladores— no pueden ser reducidas a un conflicto administrativo ni a una pugna partidista. El caso ha tomado relevancia pública por la gravedad de los señalamientos y por las implicaciones que tendría para la independencia judicial en el país.
La asambleísta Viviana Veloz, de la bancada de la Revolución Ciudadana, advirtió que lo que rodea a Godoy constituye “uno de los episodios más graves” de los últimos años. “No estamos frente a un escándalo administrativo ni una disputa política, sino ante un patrón de poder”, afirmó, al referirse a la comparecencia del titular de la Judicatura ante el Legislativo.
En la conversación pública también han intervenido juristas, analistas y medios de comunicación, que han puesto en debate el rol del Consejo de la Judicatura y su influencia en el sistema judicial. Mientras tanto, desde sectores ciudadanos y políticos se exige que la comparecencia de Godoy permita esclarecer responsabilidades y transparentar su gestión.
La sesión del Pleno será clave para determinar el alcance político e institucional del caso, así como los pasos que podría adoptar la Asamblea Nacional frente a las denuncias que pesan sobre el presidente del Consejo de la Judicatura. FIN
