La excandidata presidencial permanece bajo prisión preventiva por el caso Laberinto. Su abogado apeló la medida, mientras la Revolución Ciudadana denunció en la Asamblea Nacional lo que considera una vulneración de sus derechos.
Quito, 30 de octubre de 2026. La detención de Luisa González cumplió una semana en medio de cuestionamientos de su defensa a las pruebas presentadas por la Fiscalía y nuevas manifestaciones de rechazo de la bancada de Revolución Ciudadana (RC) en la Asamblea Nacional. La excandidata presidencial, detenida el 22 de octubre en Manabí, enfrenta una investigación por presunto lavado de activos relacionado con el financiamiento de la campaña electoral de 2023.
El jueves 29 de octubre, los legisladores correístas exhibieron carteles en sus curules para exigir su liberación y reclamar el respeto a las garantías constitucionales. Los asambleístas calificaron su detención como un «secuestro».
La protesta ocurrió mientras la defensa de González mantiene su impugnación de la prisión preventiva, ordenada por un juez el 23 de octubre.
Defensa de Luisa González cuestiona las pruebas del caso Laberinto
Diego Guarderas, abogado de la excandidata presidencial, sostiene que la investigación se apoya en conjeturas y que los elementos presentados por la Fiscalía no demostrarían la participación personal de su defendida en operaciones de lavado de activos.
En declaraciones difundidas el 26 de octubre, el jurista cuestionó que observaciones relacionadas con las cuentas de la campaña presidencial de 2023 puedan utilizarse, por sí solas, para atribuir a González conocimiento o intervención en transacciones presuntamente ilícitas.
Según Guarderas, las observaciones electorales incluían aproximadamente USD 6.400 sin respaldo y USD 174.930 correspondientes a propaganda no declarada. El defensor sostuvo que la primera cifra estaba relacionada con una multa que ya habría sido cancelada.
También se refirió a un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que, según su interpretación, registra ingresos por USD 204.000 en una cuenta de campaña y egresos destinados a actividades electorales.
El abogado argumenta que esos movimientos no demuestran la participación de González en el presunto esquema investigado.
Apelación a la prisión preventiva: ¿qué solicita la defensa?
El 26 de octubre, Diego Guarderas formalizó ante la Unidad Judicial de Garantías Penales de Quito la apelación contra la prisión preventiva dictada a González.
El abogado considera desproporcionada la medida y cuestiona que se haya demostrado un riesgo procesal suficiente para justificarla.
Entre sus argumentos, sostiene que la excandidata mantiene vínculos personales, familiares y económicos en Canuto, provincia de Manabí, además de actividades en Quito.
La defensa afirma que sus desplazamientos habituales entre ambas localidades no constituyen evidencia de una intención de abandonar el país.
La prisión preventiva fue dictada el 23 de octubre contra González, Santiago Díaz y Wendy Onofre. En el mismo proceso, Estefanía Molina recibió medidas alternativas, entre ellas presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y vigilancia electrónica.
La instrucción fiscal fue fijada en 90 días, período durante el cual las autoridades deben desarrollar las diligencias correspondientes.
Revolución Ciudadana protesta en la Asamblea por la detención de Luisa González
La bancada de Revolución Ciudadana volvió a expresar su rechazo a la situación judicial de la excandidata presidencial, una semana después de que sus legisladores abandonaran el hemiciclo tras conocerse su detención.
En la jornada parlamentaria del 29 de octubre, los asambleístas colocaron carteles en sus puestos con mensajes que denunciaban una semana de privación de libertad y exigían la inmediata liberación de González.
El legislador Guido Mendoza calificó lo ocurrido como una injusticia y cuestionó la decisión de mantener privada de libertad a la dirigente política.
Por su parte, el asambleísta Héctor Rodríguez denunció lo que considera una persecución contra la oposición.
Las protestas también se extendieron fuera de la Asamblea. Un grupo de mujeres se reunió en la Plaza de la Independencia, en Quito, para reclamar la liberación de González.
Fuente: Radio Pichincha / Medios
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