Quito, Los 16 militares, procesados por la desaparición forzada de cuatro menores en el suroeste de Ecuador en diciembre pasado, continuarán en prisión mientras sigue la investigación, estableció este jueves el Tribunal de la Corte Provincial de la ciudad de Guayaquil.
«La Sala de la Corte Provincial del Guayas rechaza recurso de apelación de prisión preventiva presentada por militares en el caso de los cuatro (menores) de Guayaquil», informó en la red social X el Comité Permanente de Derechos Humanos (CDH), defensor de los familiares de las víctimas.
El fallo se emitió tras dos días de audiencia de apelación en la que los uniformados alegaron que los menores fueron abandonados con vida.
Los abogados de la defensa solicitaron la liberación de los militares y pidieron medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades judiciales.
Sin embargo, el Tribunal argumentó que la medida de prisión preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo imparcial de la investigación.
En su dictamen, se destacó que no existe evidencia que sugiera que la detención ocurrió en un contexto de flagrancia.
Además, se expuso que en las investigaciones se constata que los niños fueron golpeados, desnudados y sometidos a una privación de libertad sin causa probable, de acuerdo con la información del CDH.
En la noche del 8 de diciembre de 2024, cuatro adolescentes, los hermanos Josué Didier Arroyo Bustos (14 años) e Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15 años), Steven Gerald Medina Lajones (11 años) y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15 años), fueron aprehendidos por una patrulla militar en el barrio Las Malvinas, en el sector del sur de Guayaquil.
El 24 de diciembre, se hallaron los cuerpos de los cuatro niños cerca de Taura, en el cantón Naranjal, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, y cerca de la Base Aérea a la que pertenecen los militares implicados en el caso.
El 31 de diciembre, la Fiscalía General confirmó que los cadáveres correspondían a los menores desaparecidos.
Según informes preliminares, los menores fueron detenidos en flagrancia, presuntamente por un robo, y luego fueron trasladados a más de 40 kilómetros, donde se les vio con vida por última vez.
Tras los hechos, el Gobierno anunció que apelaría la decisión y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, arremetió contra la jueza que estableció la desaparición forzada, lo que fue rechazado incluso por organismos internacionales.
Actualmente, Loffredo enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) por presunto incumplimiento de funciones por este caso.
Con información de Agencia Sputnik
