Hasta el domingo 11 de enero de 2026, la Unidad Técnica Legislativa (UTL) deberá revisar la documentación presentada para que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) decida si califica o no el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
El CAL dio paso al procedimiento y aprobó, con cinco votos, solicitar a la UTL un informe técnico-jurídico no vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos legales. El pedido incluye tanto a Godoy como a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): Andrés Fantoni, Johana Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que el CAL da por conocida la solicitud de juicio político, la Unidad Técnica Legislativa dispone de tres días para remitir su informe sobre el cumplimiento de los requisitos formales.
El secretario general de la Asamblea Nacional, Giovanny Bravo, explicó que este plazo se cumple el domingo 11 de enero. Posteriormente, el CAL tendrá hasta 10 días para verificar los requisitos e iniciar el trámite. Solo después de ese análisis, el proceso podría pasar a la Comisión de Fiscalización. Bravo recalcó que la decisión final sobre la continuidad del juicio político recae exclusivamente en el CAL, ya que el informe técnico no es vinculante.
Desde el oficialismo, la legisladora Diana Jácome reiteró su respaldo al juicio político para que se aclaren responsabilidades y se garantice el debido proceso. Señaló que tanto Mario Godoy como sus acusadores deberán presentar pruebas en un procedimiento transparente, público y conforme a la Constitución y a la Ley.
En contraste, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, afirmó que la Comisión de Fiscalización no genera confianza, al recordar que ya archivó dos solicitudes de juicio político y que, a su criterio, está controlada por ADN.
Veloz llamó a la ciudadanía a vigilar cada etapa del proceso y advirtió que, si se bloquea una solicitud que cumple los requisitos legales, el oficialismo quedará expuesto —según dijo— como “padrino de la impunidad”, debilitando su discurso de lucha contra la corrupción y las mafias.
