A un año del traslado de los primeros internos, familiares de personas privadas de libertad denuncian falta de atención médica, restricciones de comunicación y al menos cinco presuntas muertes. Piden medidas urgentes para proteger a más de 600 reclusos.
Quito, 15 de noviembre de 2026.- Familiares de personas privadas de libertad en la cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, denunciaron presuntas torturas, falta de atención médica, restricciones de comunicación y posibles vulneraciones de derechos humanos dentro del centro penitenciario. En un pronunciamiento fechado el 10 de noviembre de 2026, al cumplirse un año del traslado de sus familiares a esa prisión, exigieron una investigación independiente sobre las condiciones de reclusión y las muertes que, aseguran, se habrían registrado durante ese período.
Las familias afirman que desconocen el estado de salud de los internos y que han enfrentado obstáculos para mantener comunicación con ellos. Además, solicitan la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y medidas de protección para las más de 600 personas que, según el documento, permanecen recluidas en el establecimiento.
Las denuncias abren un nuevo frente de cuestionamientos sobre las condiciones del sistema penitenciario ecuatoriano y los mecanismos de control en las cárceles de máxima seguridad.
Familias denuncian un año de incomunicación en la cárcel del Encuentro
De acuerdo con el pronunciamiento, los familiares aseguran que durante el último año no han podido mantener contacto regular con sus allegados ni conocer directamente sus condiciones de salud. También denuncian restricciones para que los abogados defensores puedan comunicarse de manera libre y confidencial con sus clientes.
Los firmantes sostienen que han recibido testimonios de personas que salieron del centro penitenciario sobre presuntas agresiones físicas y psicológicas, insuficiencia de alimentos, falta de agua potable y dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos médicos.
Según publicó Ecuadorinmediato el 15 de noviembre, las familias también solicitaron que se restablezcan las visitas y se garantice una atención médica adecuada para las personas recluidas.
Las denuncias no son nuevas. El pasado 26 de octubre, el medio La Defensa difundió el testimonio de un interno que relató presuntos golpes, restricciones alimentarias y el uso de gas durante sus primeros meses de reclusión. Estas afirmaciones fueron recogidas por organizaciones de derechos humanos, aunque todavía requieren una investigación independiente que determine los hechos y las posibles responsabilidades.
Uno de los puntos más graves del pronunciamiento es la denuncia sobre el fallecimiento de al menos cinco personas durante el primer año de funcionamiento del centro penitenciario.
Los familiares aseguran que no disponen de un balance oficial consolidado y solicitan que las autoridades transparenten el número de fallecidos, sus identidades, las circunstancias de cada deceso y los resultados de las investigaciones médico-legales.
Existen antecedentes de fallecimientos confirmados por las propias autoridades penitenciarias.
El 27 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó la muerte de un interno en el establecimiento. La institución descartó preliminarmente una enfermedad infectocontagiosa y señaló que los exámenes forenses debían establecer la causa definitiva.
Posteriormente, el 26 de octubre, el SNAI informó sobre el fallecimiento de otro recluso, identificado como Carlos M., en un hospital. El interno había presentado complicaciones de salud que requirieron atención médica. Primicias
Estos antecedentes confirman que se han producido fallecimientos de personas recluidas en El Encuentro. Sin embargo, no permiten establecer por sí solos que las muertes hayan sido consecuencia de torturas, negligencia médica u otras vulneraciones denunciadas por las familias.
Por ello, los firmantes insisten en que cada caso debe ser investigado de manera independiente y que sus resultados deben ser comunicados a los familiares.
Piden medidas cautelares para proteger a más de 600 internos
El documento solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo, organizaciones independientes de derechos humanos y representantes de la Iglesia para verificar directamente las condiciones de detención.
Entre los principales pedidos figuran:
- Autorizar el ingreso de organismos independientes para inspeccionar las instalaciones y entrevistar a los internos.
- Restablecer las visitas familiares y garantizar la comunicación confidencial con los abogados defensores.
- Asegurar alimentación suficiente, agua potable, medicamentos y atención médica oportuna.
- Investigar las denuncias de torturas y malos tratos, así como cada fallecimiento registrado.
- Fiscalizar los contratos públicos relacionados con la alimentación y la provisión de insumos.
- Adoptar medidas de protección para las más de 600 personas que, según las familias, permanecen recluidas.
El pronunciamiento también está dirigido a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el relator especial de la ONU sobre la tortura.
En particular, los familiares solicitan a la CIDH que otorgue medidas cautelares para proteger la vida, la salud y la integridad de los internos.
¿Qué han respondido las autoridades a las nuevas denuncias?
Hasta el cierre de esta publicación, no se ha localizado una respuesta oficial específica del SNAI o del Ministerio del Interior al pronunciamiento de las familias fechado el 10 de noviembre.
Los antecedentes muestran que las autoridades han defendido las restricciones de comunicación por motivos de seguridad y han informado sobre determinados fallecimientos. Sin embargo, sigue pendiente una respuesta integral a los nuevos señalamientos sobre presuntas torturas, atención médica insuficiente y condiciones de detención.
A un año de la apertura de la cárcel del Encuentro, el principal reclamo de los familiares es obtener información verificable sobre la situación de sus allegados y garantizar que organismos independientes puedan constatar las condiciones en las que permanecen recluidos.
FIN
