Las medidas tomadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para hacer frente a la grave crisis de inseguridad que atraviesa su país e inspiradas en las ejecutadas por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, pueden derivar en arbitrariedades por parte de las fuerzas de seguridad, advirtieron especialistas en conversación con la Agencia Sputnik.
La declaración de «conflicto armado interno» y la designación como «organizaciones terroristas» a 22 grupos del crimen organizado por parte del presidente ecuatoriano, suponen una «bukelización» de la estrategia de seguridad, coincidieron.
«Hay una ´bukelización´. Gran parte de la campaña de Noboa se basó en el caso de El Salvador (…) La designación como terroristas tiene como primera consecuencia una criminalización de la pobreza y también de la potencial exclusión que puede haber. Cuando se tienen este tipo de medidas hay una fuerte arbitrariedad de las instituciones o de los actores para poder obrar en función de lo que se les demanda», afirmó a esta agencia el especialista en Seguridad y Defensa, Lester Cabrera, profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
En la misma línea opinó la secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Carolina Andrade, quien alertó sobre las potenciales «vulneraciones» por parte de las fuerzas de seguridad.
«La designación como grupos terroristas busca que los militares estén en las calles, pero el problema es si se generan muchas vulneraciones, porque lamentablemente se está actuando o se busca actuar en flagrancia sin que realmente tengamos detrás procesos investigativos que ayuden a identificar las estructuras y los flujos financieros ilícitos para desarticular estas organizaciones y realmente dar golpes importantes», reflexionó la especialista.
Bukele ha implementado medidas drásticas para combatir las mafias de pandillas en su país, y si bien ha recibido críticas por detenciones ilegales y juicios sumarios que terminaron con cientos de personas inocentes en la cárcel, mantiene elevados niveles de popularidad entre la población gracias a haber logrado bajar significativamente el número de homicidios.
El 3 de enero, el Gobierno de El Salvador calificó al 2023 como el año más seguro de la historia del país al registrar una tasa de homicidios de 2,4 por cada 100.000 habitantes, la segunda más baja del hemisferio americano, después de Canadá.
En 2019, la tasa de homicidios de El Salvador había sido de 36,4 por 100.000 habitantes, según datos del monitor de homicidios del instituto brasileño Igarapé, que se especializa en seguridad pública.
Ecuador transita el camino opuesto: mientras hace unos años era uno de los países más seguros de la región, terminó 2023 con más de 7.000 homicidios y una tasa por encima de los 40 asesinatos cada 100.000 personas.
Días atrás, Noboa, que asumió su cargo el 23 de noviembre, vio a principios de enero cómo estallaba la primera crisis de seguridad de su mandato.
La fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo Los Choneros y considerado uno de los delincuentes más peligrosos del país, quien cumplía 34 años de cárcel, llevó al presidente a decretar el estado de excepción en todo el país por un plazo de 60 días.
Tras el anuncio se registraron varios hechos violentos, incluyendo el secuestro de policías, amotinamientos y toma de rehenes en varios penales y quema de autos y explosiones en las calles de las principales ciudades del país.
La crisis se agravó al día siguiente con la incursión de un grupo de hombres armados y encapuchados a un estudio del canal estatal TC Televisión de la ciudad de Guayaquil, quienes tomaron como rehenes a periodistas y otros trabajadores mientras se emitía un programa en vivo.
El hecho llevó al presidente a firmar la declaración de «conflicto armado interno» y la designación de «terroristas» a más de 20 grupos del crimen organizado.
Ese mismo día se fugó Fabrizio Colón Pico, jefe de la segunda banda más grande de Ecuador, Los Lobos, presuntamente implicado en un plan para asesinar a la fiscal general de Estado, Diana Salazar.
Al menos 14 personas murieron debido al estallido de violencia.
El 12 de enero, la organización no gubernamental de Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) advertía que la inseguridad, el uso excesivo de la fuerza, la violencia y el hacinamiento en las cárceles son los mayores problemas que enfrenta Ecuador para el cumplimiento de las garantías civiles.
Con información de Agencia Sputnik
