El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, emitió el lunes un decreto ejecutivo mediante el cual dispone al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) realizar los trámites correspondientes para repatriar a los reclusos de nacionalidad extranjera con sentencia emitida en este país para que cumpla la pena en su lugar de origen.
«Disponer al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores realice los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad por sentencia emitida en el Ecuador, a fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado, observando en todo momento lo previsto en la normativa constitucional vigente, así como los instrumentos internacionales aplicable a la materia», señala el decreto ejecutivo no. 139.
Según el documento, serán los Ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el de Mujer y Derechos Humanos, así como el del Interior y del Gobierno los encargados de coordinar las acciones para dar cumplimiento a esta orden.
En su segundo artículo, el decreto señala que los procedimientos derivados de esta decisión se adoptarán con respeto a la normativa nacional e internacional.
«Todo procedimiento será singularizado, quedando prohibida cualquier repatriación de colectivos», precisa.
La medida entrará en vigor a partir de la fecha de suscripción, el 29 de enero.
Ecuador realizó un censo penitenciario en 2022, según el cual alrededor de unos 3.300 privados de libertad de nacionalidad no ecuatoriana.
En diciembre de 2023, tras tomar posesión, el mandatario Noboa dijo que unos 1.500 reos son de nacionalidad colombiana, venezolana y peruana y que serían repatriados para que cumplan la pena en sus respectivos países.
El mandatario firmó este decreto en momentos en que Ecuador atraviesa un ‘estado de excepción’ ´por 60 días debido a una ola de violencia en las calles y en las cárceles, al parecer debido a las medidas de presión de personas privadas de libertad para evitar su traslado a otros penales.
El pasado día 7 de enero se desataron la quema de autos, explosiones y la toma de 178 rehenes en siete cárceles del país, tras conocerse la evasión de Rodolfo Macías, alias Fito, líder de la banda delincuencial Los Choneros, vinculada al cártel de Sinaloa (México) quien cumplía 34 años de cárcel, por varios delitos.
A causa de esa situación, el presidente Noboa declaró la existencia de un ‘conflicto armado interno’ para retomar el control de los penales y frenar los hechos violentos.
Con información de Agencia Sputnik