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La destitución de tres jueces que revocaron la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada provocó una nueva alerta internacional sobre la independencia judicial en Ecuador. Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó su preocupación por las consecuencias que las sanciones contra jueces pueden tener para el ejercicio de la justicia sin presiones ni represalias.
El pronunciamiento, difundido este miércoles 28 de octubre de 2026 a través de la cuenta de X de la relatora, se produce un día después de que el Consejo de la Judicatura resolviera, por unanimidad, separar definitivamente de sus cargos a Silvana Lorena Velasco Velasco, Byron Leonardo Uzcátegui Arregui y Wiler Fabricio Chóez Avilés.
Los tres magistrados habían intervenido en la revisión de la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y otros procesados dentro del caso Goleada. La decisión disciplinaria se fundamentó en una declaratoria de error inexcusable, mientras el pronunciamiento de la experta de la ONU plantea interrogantes sobre las garantías que deben proteger a los jueces cuando adoptan decisiones judiciales.
ONU advierte sobre los riesgos de sancionar a jueces por sus decisiones
Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, manifestó su preocupación por la separación de los tres magistrados, según el pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de X.
La experta señaló que los jueces deben poder desempeñar sus funciones con independencia, sin temor a represalias por el contenido de sus resoluciones.
El señalamiento pone en el centro del debate una garantía fundamental del Estado de derecho: la posibilidad de que los jueces interpreten y apliquen la ley sin interferencias indebidas de otros poderes o autoridades administrativas.
¿Por qué fueron destituidos los tres jueces del caso Goleada?
El martes 27 de octubre, el Pleno del Consejo de la Judicatura aprobó con cinco votos favorables la destitución de los magistrados.
Según la fundamentación del organismo, los jueces incurrieron en error inexcusable al resolver una apelación relacionada con la prisión preventiva de Aquiles Álvarez y otros investigados.
La Judicatura sostuvo que los integrantes del tribunal excedieron el alcance de sus competencias porque, al examinar una medida cautelar, realizaron valoraciones sobre aspectos de fondo de la investigación penal.
La relatora de la ONU ya había cuestionado decisiones de la Judicatura
La preocupación de Margaret Satterthwaite no constituye un pronunciamiento aislado sobre el sistema judicial ecuatoriano.
El 8 de septiembre de 2026, la relatora cuestionó públicamente la eliminación de la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, después de que tres de sus jueces fueran suspendidos.
En aquella ocasión advirtió que la unidad funcionaba con una capacidad reducida y que su supresión se producía en medio de una emergencia judicial declarada por la propia Judicatura debido al déficit de magistrados.
Satterthwaite recordó entonces que las medidas disciplinarias y las reestructuraciones institucionales deben respetar la independencia judicial, el debido proceso y las garantías contra interferencias arbitrarias.
Fuente: Post en X de Margaret Satterthwaite
Contenido elaborado con apoyo de inteligencia artificial, a partir de información proporcionada y verificada por la redacción.
