Revolución Ciudadana denuncia una «detención arbitraria», un caso de ‘Lawfare’ contra la oposición y un «grava atropello democrático»
El partido asegura que no conoce la ubicación de González y que no ha tenido contacto con sus abogados
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) –
La política y excandidata presidencial Luisa González ha sido detenida este jueves por las autoridades ecuatorianas, según ha denunciado su partido Revolución Ciudadana después de la alerta lanzada por el expresidente Rafael Correa, mientras que la Fiscalía ha confirmado detenciones en el marco de una investigación por financiación política y el gasto electoral durante la campaña presidencial de 2023.
«Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!. Ecuador vencerá», ha indicado el exmandatario en un mensaje difundido en redes sociales sin que haya aportado más detalles sobre su situación.
Según informa la Fiscalía ecuatoriana, las autoridades policiales ejecutaron órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí «contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales». En todo caso no ha detallado la identidad de los detenidos.
La institución investiga «presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023 por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos».
Por su lado, la defensa y el partido de González, Revolución Ciudadana, han denunciado en un extenso comunicado que se trata de una «detención arbitraria e inconstitucional» y «una grave vulneración a las garantías básicas del debido proceso y a sus Derechos Humanos fundamentales», habida cuenta de que las autoridades no han informado del «lugar exacto donde se encuentra retenida ni han permitido el acceso» de sus abogados.
«Hacemos directamente responsable al Gobierno y a las instituciones del orden por su integridad física, psicológica y su vida», han asegurado en una nota en la que atribuyen al Ejecutivo de Daniel Noboa la «instrumentalización aberrante» de la Justicia y en particular de las fuerzas que combaten el crimen organizado.
«Se ha montado de forma exprés una causa penal por presunto lavado de activos que busca disfrazar lo que en estricto Derecho constituye una supuesta discrepancia administrativa en cuentas de campaña por un monto mínimo de 6.100 dólares», han defendido, denunciando «un acto explícito de persecución de Estado (Lawfare) destinado a proscribir a la oposición».
Es por ello que, ante lo que han tachado de «grave atropello democrático», han insistido en que las autoridades ecuatorianas den parte «de inmediato» de la ubicación de González y que permitan a la dirigente contactar con sus abogados. Además, han anunciado la solicitud de «medidas cautelares urgentes» a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con información de Europa Press
