Por Ernesto Pazmiño Chávez / 2026
En 2024 advertí en un artículo de opinión, que el gobierno de Daniel Noboa empezaba a administrar la crisis de seguridad con una lógica compatible con la denominada “doctrina del shock”: aprovechar o provocar una conmoción social real —marcada por crímenes, secuestros, coches bomba y la toma armada de un canal de televisión— para instalar un relato de guerra, reducir el espacio para la deliberación y proponer decisiones extraordinarias como si fueran las únicas posibles. Dos años después, los resultados evidenciados, obligan a retomar esa advertencia.
La “política criminal” del Gobierno no solo ha fracasado en su propósito más elemental, que es proteger la vida; también ha convertido el miedo en el principal argumento de legitimación política.
Naomi Klein explica que el shock no consiste únicamente en producir una crisis. Su rasgo decisivo es utilizar el desconcierto colectivo para imponer medidas que, en condiciones normales, encontrarían mayor resistencia social e institucional. Bajo ese criterio, la actuación del Gobierno exhibe señales críticas: declaratoria de conflicto armado interno sin suficiente sustento constitucional, reiteración de estados de excepción y toques de queda, militarización como un espectáculo comunicacional, selección binaria de «buenos» y «malos», una permanente construcción de enemigos públicos, aprobación apresurada de normas bajo la presión de la emergencia y traslado de cargas económicas a la ciudadanía. La excepcionalidad dejó de ser un recurso temporal y pasó a funcionar como método ordinario de gobierno.
El problema no es que el Estado emplee legítimamente la fuerza contra organizaciones criminales. Tiene el deber constitucional de hacerlo. El problema aparece cuando la escenificación de la fuerza reemplaza una política integral de seguridad; cuando los operativos, las fotografías, las puestas en escena y los anuncios sustituyen la prevención, la inteligencia financiera, el control de puertos y fronteras, la investigación penal, la depuración institucional, la recuperación de las cárceles y la intervención social en los territorios capturados por las economías ilegales. Una política criminal se evalúa por resultados sostenibles, no por el volumen de PROPAGANDA que genera y exhibe.
Las cifras son el contraste más severo. En 2023 Ecuador registró 8.248 homicidios intencionales y una tasa oficial de 46,10 por cada 100.000 habitantes. En 2024 hubo una reducción a 7.033 casos y una tasa de 39,14, dato que el propio Gobierno presentó como evidencia de eficacia. Sin embargo, esa mejora fue transitoria: la serie estadística adjunta, atribuida al Ministerio del Interior y al INEC, registra para 2025 un nuevo máximo histórico de 9.283 víctimas y una tasa de 51,3 por cada 100.000 habitantes. Es decir, frente a 2023, la tasa aumentó aproximadamente un 11,3 % y el número de víctimas creció en 1.035. Después de dos años de retórica bélica y medidas extraordinarias, el país terminó con más homicidios que al inicio.
Esto no significa que cada muerte sea imputable de manera directa al presidente pues la criminalidad es multicausal. Sin embargo, las políticas públicas han sido claramente insuficientes y aquello si recae directamente en el primer mandatario pues ha demostrado absoluta incapacidad en el manejo de la crisis, una sostenida interdependencia de medidas direccionadas a conseguir mas golpes de efecto que soluciones reales.
La ficción de cooperación internacional ha sido otro de los puntos neurálgicos y detonadores de las alertas sobre los verdaderos objetivos del gobierno, pues la subordinación a los E.E.U.U bajo el membrete de “acuerdos de cooperación”, le han significado al país hasta el momento, la desaparición de 8 pescadores, el ataque de varias embarcaciones bajo supuestos que los relacionan con actividades ilícitas y un debilitamiento absoluto de la soberanía, que sin embargo, no son mas que una réplica de las prácticas de sensacionalismo bélico aplicadas en toda la región, con el único objetivo de posicionar un imaginario de poderío a través de la fuerza y el miedo. Todo aquello de la mano a un alineamiento vergonzoso con las agendas de control geopolítico de Trump, que no busca apoyar a Ecuador en la solución de la crisis de criminalidad, sino que está enfocada en asegurar “aliados” funcionales con la promesa (cuento) de “protección y coalición” mediante el “Shield of the Americas”, para en definitiva implementar su doctrina Monroe 2.0 aislando y eliminando la autonomía de los países no alineados de América Latina (Sur Global) con amenazas de intervenciones por la fuerza, operaciones militares y la asfixia económica.
La complejidad de los factores de la criminalidad, no exoneran a quien gobierna: precisamente porque el fenómeno es estructural, resulta insuficiente insistir en respuestas reactivas, episódicas y de propaganda. Si las estrategias aplicadas no reducen de manera sostenida la letalidad, lo lógico sería corregirlas; prolongarlas indefinidamente mientras se exige paciencia y comprensión, confianza, más recursos y menos controles evidencia, como mínimo, un fracaso político y técnico.
Aquí la doctrina del shock ofrece una clave que incómoda al gobierno. Un gobierno que hace de la inseguridad su principal fuente de cohesión necesita mantener viva la sensación de amenaza: el miedo disciplina, desplaza otros problemas de la agenda pública (corrupción), facilita la aceptación de restricciones y permite descalificar la crítica como complicidad con el enemigo. La promesa de orden en este tipo de dinámicas, se renueva cada vez que el orden no llega. Así, el fracaso deja de ser solamente un costo para el Gobierno y puede convertirse, como lo hace “El Nuevo Ecuador”, en la condición que mantiene vigente su relato.
Por eso necesitan del caos y el miedo.
Siendo así la pregunta ya no puede limitarse a si la política criminal es ineficiente. Bajo los criterios desarrollados por la doctrina del shock, existe una duda política razonable sobre si al Gobierno le interesa combatir la delincuencia con la eficacia que proclama o si le resulta funcional administrar una crisis permanente. No se trata de colegir, que el Ejecutivo provoque la violencia o desee cada homicidio, se trata de observar que la persistencia del miedo le permite justificar excepcionalidad, concentración de decisiones, gasto opaco, reformas apresuradas y sacrificios económicos, mientras los indicadores centrales empeoran.
La seguridad no puede seguir siendo una puesta en escena ni un cheque en blanco. Un Estado democrático debe demostrar objetivos medibles, presupuesto trazable, controles civiles, evaluación independiente y resultados verificables en prevención, investigación y reducción de homicidios que se compadezcan con una verdadera búsqueda del bienestar y la paz social.
Cuando la guerra se convierte en una narrativa sin plazo de vencimiento y el miedo en una herramienta de adoctrinamiento conductual, la ciudadanía tiene derecho a sospechar que el shock ya no es una emergencia que se pretende superar, sino el ambiente político que el gobierno necesita conservar.
Ernesto Pazmiño Chávez / 2026
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