La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador emitió este viernes un pronunciamiento urgente en el que hace un llamado a la comunidad internacional para que vigile y exija responsabilidad al gobierno del presidente Daniel Noboa ante los recientes recortes institucionales que, según afirman, significan un grave retroceso en materia de derechos humanos y políticas públicas esenciales.
El Gobierno ha reducido de 20 a 14 el número de ministerios y ha anunciado el despido de más de 5.000 servidores públicos, en el marco de un plan de ajuste fiscal orientado a cumplir con las metas establecidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien mantiene un acuerdo crediticio por 5.000 millones de dólares desde 2024.
Entre las instituciones afectadas por esta medida se encuentran ministerios fundamentales como los de Mujer y Derechos Humanos, Ambiente y Agua, Cultura y Patrimonio, Deporte y Turismo, que serán eliminados o absorbidos por otras carteras. Para la Alianza, esta decisión representa “una apuesta deliberada por la militarización y el castigo, en lugar de una inversión estructural en prevención, igualdad, justicia socioambiental y derechos humanos”.
“Más que eficiencia, lo que hay es una pérdida de enfoque institucional, liderazgo político y capacidad técnica para proteger derechos de manera diferenciada”, señaló la organización en un comunicado.
Además, advirtieron que al eliminar estructuras autónomas se invisibilizan poblaciones históricamente excluidas, como mujeres, pueblos y nacionalidades, personas LGBTI+, con discapacidad, niñas, niños y adolescentes. La fusión del Ministerio de Ambiente con Energía y Minas fue especialmente criticada, al considerar que se está “subordinando al ente de control ambiental con los sectores que deben ser regulados”.
Otro punto de alarma es la absorción del SNAI —encargado del sistema penitenciario— por el Ministerio del Interior. Según la Alianza, esta medida refuerza un enfoque policial en lugar de uno de rehabilitación, afectando gravemente la posibilidad de prevenir la violencia y el reclutamiento forzado de jóvenes por parte de organizaciones criminales.
“Las instituciones eliminadas no son burocracia innecesaria. Nacieron de luchas sociales y del compromiso del país con instrumentos internacionales de derechos humanos. Su eliminación vacía de contenido las políticas públicas que requieren atención urgente”, concluyó la Alianza.
Confirmado.net / El Universo
