El premio Sájarov a la libertad de conciencia para la Corte Penal Internacional (CPI), que había sido nominada por el grupo socialdemócrata en la Eurocámara, llega dos semanas después de que la jueza sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay, que ejerció como magistrada de este órgano, ganara el premio Nobel de la Paz 2026, y de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a la CPI.
Aunque partía como favorito el líder de la oposición de Tanzania, Tundu Lissu, que contaba con la nominación de dos grupos parlamentarios, finalmente, en el voto a puerta cerrada, la CPI ha obtenido una «mayoría de los votos emitidos», con el apoyo de socialdemócratas, liberales, verdes e izquierda.
Lissu tenía el respaldo de populares y ultraconservadores, mientras que la ultraderecha de Patriotas por Europa optó por no votar en la última y definitiva ronda, dijo a la agencia EFE una fuente parlamentaria.
Las terceras finalistas eran las hermanas gemelas sentenciadas a muerte Taraneh y Romina Rahimi, en nombre de todas las personas perseguidas por el régimen islámico de Irán, según había anunciado el Parlamento Europeo el 19 de octubre. Nominado por el grupo de ultraderecha Europa de las Naciones Soberanas (ESN), pero fuera de la terna finalista, quedó el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El rol de la CPI y las amenazas en su contra
La CPI nació en 2002 con la idea de que ni jefes de Estado ni comandantes militares quedaran fuera del alcance de la justicia por crímenes más graves, y más de dos décadas después, investiga conflictos desde Ucrania hasta los Territorios Palestinos y Afganistán, mientras afronta una fuerte presión política y financiera desde Estados Unidos.
Creada por el Estatuto de Roma, aprobado en 1998, la CPI es el primer tribunal penal internacional permanente, y tiene hoy 125 Estados miembros que le otorgan jurisdicción para juzgar personas -no países- por genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión cuando la justicia nacional no pueda o no quiera hacerlo.
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