Quito, 27 de diciembre de 2025. La Contraloría General del Estado aprobó el informe general de auditoría No. DPA-0066-2025, en el que establece indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades administrativas y civiles por USD 195.031,23 en la ETAPA EP, por graves irregularidades en el manejo del talento humano entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025.
El informe, aprobado el 19 de diciembre de 2025, corresponde a un examen especial que evaluó los subsistemas de planificación del talento humano, clasificación y valoración de cargos, reclutamiento, selección, contratación, evaluación del desempeño, capacitación y pago de remuneraciones. Además, dio seguimiento al cumplimiento de seis recomendaciones de una auditoría anterior (DPA-0002-2023), de las cuales dos no fueron ejecutadas.
Entre los principales hallazgos, la Contraloría determinó que ETAPA EP no recuperó valores pagados en exceso por concepto del décimo tercer sueldo de los años 2018, 2019, 2020 y 2021, manteniéndose un saldo pendiente de USD 245.501,84, debido a la falta de acciones de seguimiento y coordinación entre la Gerencia General y el área de Talento Humano.
La auditoría también observó que la creación del cargo de “Coordinador de Infraestructura y Proyectos Corporativos”, en junio de 2023, se realizó sin sustento técnico y sin cumplir la normativa interna, dejando a la empresa expuesta a eventuales acciones judiciales.
A ello se suma que la designación de un servidor en ese cargo incurrió en inhabilidad por parentesco, en primer grado de afinidad, con un concejal urbano de Cuenca, lo que ocasionó pagos por USD 107.031,23 entre julio de 2023 y junio de 2025, valores que no han sido reintegrados.
El informe advierte, además, falta de acciones de cobro, pagos en exceso, ausencia de registros contables adecuados y el mantenimiento de valores pendientes de recuperación de años anteriores, afectando los principios de transparencia, confiabilidad y eficiencia en el uso de recursos públicos.
En materia de control patrimonial, se identificó que 5 servidores presentaron de forma extemporánea sus declaraciones patrimoniales juradas y 24 no las presentaron, incumpliendo una disposición expresa del Contralor General del Estado Subrogante, lo que compromete los principios de legalidad e idoneidad en el servicio público.
Finalmente, la Contraloría constató irregularidades en los procesos de reclutamiento y selección, actualización de perfiles sin sustento técnico y la falta de procedimientos administrativos para recuperar valores por jornadas laborales suspendidas, lo que dejó USD 26.906,00 pendientes de cobro a servidores desvinculados.
Con base en estos hechos, el organismo de control estableció indicios de responsabilidad penal y recomendó responsabilidades administrativas por USD 88.000,00 y civiles por USD 107.031,23, sumando un perjuicio económico de aproximadamente USD 195 mil. FIN
