Legisladores estadounidenses advierten a Trump que “si no pone fin a su complicidad en las acciones autoritarias de Noboa, el Congreso utilizará las herramientas a su disposición para obligar a un cambio de política”
Trece congresistas demócratas de Estados Unidos han exigido en una carta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio, que suspenda de inmediato toda la asistencia y cooperación de seguridad con Ecuador. La petición incluye las operaciones militares que se realizan en este país, hasta que se restablezca la democracia y el Estado de derecho, según el documento. La carta enviada al jefe de la diplomacia estadounidense contiene, además, una advertencia: si la Administración de Donald Trump no cambia su política hacia el Gobierno de Daniel Noboa, el Congreso utilizará sus facultades para forzar una ruptura de la cooperación militar.
Los legisladores plantean bloquear las ventas de armas a Ecuador, suspender cualquier asistencia estadounidense en materia de seguridad, prohibir el uso de fondos aprobados por el Congreso para operaciones militares e investigar la participación de Estados Unidos en abusos contra civiles en operativos a una finca en la frontera norte de Ecuador y bombardeos a embarcaciones pesqueras. “Si su Administración no pone fin a su complicidad en las acciones autoritarias del Gobierno de Noboa, el Congreso utilizará las herramientas a su disposición para obligar a un cambio de política”, escriben los congresistas.
La carta la firman Jesús Chuy García, Jonathan Jackson y Greg Casar junto a Jasmine Crockett, Delia Ramirez, Jan Schakowsky, Rashida Tlaib, Adelita Grijalva, Nydia Velázquez, Summer Lee, Hank Johnson, Eleanor Holmes Norton y Ro Khanna. Los congresistas denuncian un deterioro democrático en Ecuador y cuestionan que Washington profundice su alianza militar con un Gobierno al que acusan de perseguir adversarios políticos, debilitar la independencia judicial y restringir las libertades civiles.
Los congresistas señalan como primer punto la detención y encarcelamiento de Luisa González, excandidata presidencial y dirigente del partido de oposición Revolución Ciudadana. Este es uno de los episodios más recientes de lo que describen como “una ofensiva contra la oposición” en Ecuador. González fue arrestada el 22 de octubre por una investigación fiscal por presuntas irregularidades financieras durante su campaña presidencial de 2023. También hay una orden de arresto contra su compañero de fórmula, Andrés Arauz.
Las acusaciones contra González fueron expuestas públicamente por el secretario de la Administración de la Presidencia, José Julio Neira, en un video difundido en redes sociales, mientras la excandidata y su defensa estaban en la audiencia de formulación de cargos, conociendo los elementos de la acusación. Para los legisladores estadounidenses, ese elemento suscita serias preocupaciones sobre la separación de poderes y la independencia judicial. Los congresistas también cuestionan el papel del fiscal general encargado, Carlos Alarcón, a quien consideran un “aliado de Noboa”. Sostienen que ha actuado para proteger al presidente y sus aliados mientras impulsa procesos contra figuras de la oposición.
La misiva recoge también los allanamientos a las oficinas del alcalde Quito, Pabel Muñoz, y la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, apresado en una cárcel de máxima seguridad inspirado en el CECOT de Nayib Bukele desde febrero de 2026, sin una sentencia en firme. Los legisladores consideran que estos casos evidencian una “ofensiva más amplia contra la oposición de Noboa, tanto de izquierda como de derecha, en vísperas de las elecciones de noviembre”.
“Tenemos muchas otras preocupaciones respecto a los ataques abiertos del Gobierno de Noboa contra la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Ecuador”, alertan los congresistas. Otro de los argumentos centrales de estos legisladores para exigir la suspensión de la asistencia estadounidense son las operaciones militares conjuntas y los ataques aéreos contra embarcaciones en el Pacífico.
La carta señala que Estados Unidos ha proporcionado al país sudamericano decenas de millones de dólares en equipos y entrenamiento militar, además de participar en operaciones conjuntas, sin que eso se refleje en los resultados. “No hay pruebas de que la presidencia de Noboa o sus operaciones con el Gobierno estadounidense hayan reducido de manera significativa el narcotráfico”, explica la carta. “Las tasas de homicidio han seguido aumentando y Ecuador continúa siendo uno de los países más violentos del mundo”, agrega.
La exigencia llega cuando Ecuador cumple mil días bajo estado de excepción desde el inicio del Gobierno de Noboa. Durante 2026, el Ejecutivo ha decretado cuatro toques de queda para facilitar operaciones conjuntas con Estados Unidos en territorio ecuatoriano. Sin embargo, la escalada militar no ha conseguido revertir la violencia: en el país asesinan a 23 personas cada día y las proyecciones apuntan a que el año podría cerrar con cerca de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.
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