Quito, El Comité Internacional por la libertad del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, rechazó en una carta abierta la realización de la Cumbre Iberoamericana prevista en noviembre próximo en Ecuador y argumentó la presunta violación del Derecho Internacional por parte del Gobierno, con la irrupción en la embajada mexicana para capturar al exfuncionario.

“Nos resulta muy extraño y contrario a los postulados que el foro iberoamericano enarbola, llevar adelante una cumbre bajo los auspicios de un Gobierno responsable de violaciones a las normas internacionales”, señala un fragmento de la misiva, difundida por la emisora local Radio Pichincha.

Según la reseña, el documento está dirigido a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y a las Cancillerías de los Estados Miembros, y en este se denuncia un grave atentado al Derecho Internacional, registrado el 5 de abril pasado, cuando las fuerzas de seguridad ecuatorianas ingresaron a la delegación diplomática para sacar a Glas por la fuerza, pese a contar con la condición de asilado del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Según la emisora, en la misiva “se acusa directamente” al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de ordenar este operativo con fines políticos, en un intento por ganar más votos en un referéndum realizado días después del incidente.

Además, el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glas solicita a los Estados miembros de la cumbre que consideren no participar en el evento hasta que se otorgue el salvoconducto que garantice la seguridad del exvicepresidente, quien se encuentra en la cárcel de máxima seguridad del suroeste del país en espera de un nuevo proceso judicial por presunto peculado.

“Además, el Comité insta a la SEGIB a que intervenga para garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, como el respeto a los derechos humanos y al derecho de asilo”, indicó la radio.

La XXIX Cumbre Iberoamericana está anunciada para del 12 al 15 de noviembre en la ciudad ecuatoriana de Cuenca, en el sur del país.

“En noviembre se darán dos importantes cumbres internacionales en América del Sur: la Cumbre Iberoamericana, en Ecuador, y la Cumbre APEP, en Perú. Dos cumbres donde los presidentes anfitriones no mantienen un Estado de derecho. Signo de los tiempos y de la hipocresía mundial”, señaló el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), fundador del movimiento Revolución Ciudadana, al cual pertenece Glas.

El exvicepresidente es procesado por un presunto caso de corrupción cuando él ocupaba la función de presidente del Comité para la Reconstrucción de la provincia de Manabí, tras el terremoto de 2016.

A fines de 2023 se emitió una orden de captura en su contra y él decidió ingresar a la embajada de México y solicitar asilo político, el cual se le concedió este año.

Sin embargo, el Gobierno de Ecuador consideró que no fue lícito que la administración de López Obrador le concediera esa protección tras calificar al exfuncionario como un delincuente común.

Posterior a la captura de Glas, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador e inició un proceso contra este país ante la Corte Penal Internacional de La Haya por violación de varias convenciones sobre asilo.

En tanto, Ecuador replicó con otra demanda a México por presunta intromisión en sus asuntos internos, también ante esa instancia en La Haya.

Glas ya cumplió con anterioridad seis años tras las rejas tras la unificación de dos penas por el caso Odebrecht por presunta asociación ilícita y por el caso Sobornos 2012-2016 por supuesto cohecho, relacionado con el financiamiento ilícito a su organización política.

El Comité Internacional por la Libertad del vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, fue creado en julio de este año para dar seguimiento a los procesos jurídicos, a nivel nacional e internacional, para la excarcelación del exfuncionario.

Esta instancia cuenta con un Consejo Consultivo presidido por el exvicepresidente de Argentina, Alberto Fernández (2019-2023), e integrado por los los expresidentes Evo Morales (Bolivia, 2006-2019), Ernesto Samper (Colombia, 1994-1998), y Correa. Además de Marco Enríquez Ominani, coordinador del Grupo de Puebla.

A cargo del asunto jurídico y la coordinación están Tamara Lajtman (Observatorio de Lawfare), el boliviano Sacha Llorenti, los ecuatorianos Andrés Arauz y Francisco Hidalgo; la brasileña Ana Flavia Marx, así como Claudia Roca, de la Asociación de Juristas de Argentina; e Irene León, de la Red de Intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, entre otras personalidades.

Con información de Agencia Sputnik

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