Quito, El Comité de Derechos Humanos de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (suroeste) informó que presentó una demanda ante la justicia y solicitó una acción urgente al Comité de Desapariciones de la ONU ante el paradero desconocido de cuatro menores tras un presunto operativo militar en la zona, el pasado 8 de diciembre.
«Hemos presentado una demanda de Habeas Corpus y pedimos una acción urgente al grupo de trabajo de desaparición forzada de la ONU», señaló el Comité en su cuenta de la red social X.
La organización no gubernamental exige que este hecho se investigue como una desaparición forzada y no como un presunto secuestro, al señalar que existen evidencias para determinar una presunta participación de las Fuerzas Armadas en el hecho.
En el documento insta a que «se reconozca fácticamente una desaparición forzada» en contra de los menores, quienes han sido identificados como los hermanos Josué Didier Arroyo Bustos e Ismael Eduardo Arroyo Bustos, y Steven Gerald Medina Lajones y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero.
Versiones de familias de los menores dan cuenta que hombres vestidos de militar obligaron a los menores a subir a un vehículo y posteriormente recibieron llamadas solicitando un pago de 2.000 dólares a cambio de su liberación.
Luis Eduardo Arroyo, padre de los hermanos Arroyo Bustos y quien presentó una denuncia ante la Fiscalía de la provincia de Guayas, afirmó que los secuestradores dispararon al aire antes de forzar a los niños a subir a un vehículo.
Por su parte, la semana pasada las Fuerzas Armadas informaron en un comunicado oficial que cooperan en la búsqueda con la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional, además de brindar facilidades necesarias a la Fiscalía General del Estado y ejecutar medidas para este tipo de eventos.
En un pronunciamiento circulado en redes para recoger firmas se señala que «este acto de violencia estatal, que involucra a las Fuerzas Armadas y de seguridad, constituye un claro atentado contra los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, quienes, de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), deben ser objeto de especial protección y garantías» y añade que «la intervención del Estado, a través de sus fuerzas de seguridad, no puede ser una excusa para vulnerar estos derechos».
En particular señala que la decisión del gobierno presidido por Daniel Noboa de desplegar militares y policías en las calles bajo el pretexto de combatir el crimen organizado al amparo del conflicto armado interno, decretado desde enero pasado para combatir a los grupos delincuenciales organizados, ha permitido que las fuerzas de seguridad adopten prácticas sistemáticas de criminalización, tortura y desaparición forzada, basadas en el perfil racial y la estigmatización de jóvenes y adolescentes, especialmente de sectores empobrecidos y vulnerables.
Menciona, además, que «en este contexto, resulta particularmente relevante destacar que, tal como alertó Human Rights Watch (HRW) , el uso de la fuerza excesiva y el despliegue de militares y policías en las calles, bajo el pretexto de combatir el crimen organizado, ha intensificado las violaciones de derechos humanos en Ecuador».
En mayo de este año, HRW envió una comunicación al presidente Noboa, donde asegura tener evidencias de «violaciones de derechos humanos» cometidas por las fuerzas del orden de este país sudamericano desde enero de este año.
“Desde el 9 de enero, Human Rights Watch ha documentado múltiples casos de serias violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad”, señala la misiva, firmada por Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de (HRW).
Con información de Agencia Sputnik
