Quito, 19 sep (Sputnik).- El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) busca esclarecer la actuación del Gobierno ecuatoriano durante los operativos realizados este año por parte del Comando Sur de EEUU en el Pacífico Oriental que han dejado ocho pescadores desaparecidos, amparado en acuerdos de cooperación en seguridad, dijo a la Agencia Sputnik el abogado Fernando Bastias.
«El CDH actualmente tiene un hábeas corpus instructivo a favor de la embarcación Conquista II y estamos alegando una desaparición forzada de corta duración, en el sentido de que los pescadores estuvieron 24 horas sin la protección de la ley y bajo conocimiento del Estado ecuatoriano», explicó Bastias.
El Conquista II es una de las 11 embarcaciones interceptadas y hundidas en lo que va de 2026 por las fuerzas de EEUU en colaboración con el Gobierno de Ecuador, según lo ha documentado el CDH en un informe difundido en su página digital oficial.
El 2 de septiembre pasado la embarcación Conquista II fue abordada y luego hundida por militares de EEUU, operación en la cual sus 17 tripulantes fueron «desaparecidos de manera temporal y posteriormente entregados a la Marina de Ecuador en la condición de náufragos, pero esposados», dice el informe.
El texto precisa que en total 206 pescadores se han visto afectados con estos operativos de las fuerzas extranjeras, registrados desde inicios de este año e intensificados entre agosto y septiembre en altamar.
Aún se desconoce el paradero de ocho pescadores.
El activista señaló que el juez a cargo de atender el recurso solicitó información a diferentes instituciones ecuatorianas y requirió la intervención de la cancillería.
«El juez lo que ha pedido es información a las distintas instituciones públicas en relación a ese operativo, incluso le ha pedido información a la cancillería del Ecuador para que emita una nota diplomática al Gobierno de los EEUU», precisó.
El CDH presentó el hábeas corpus el 3 de septiembre ante una unidad judicial de Manta, en la provincia de Manabí (noroeste), y dos días después se dio paso a la etapa de presentación de pruebas y se requirió información al Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Armada de Ecuador.
También se dispuso a la cancillería solicitar a EEUU información sobre la operación contra el Conquista II, tanto la intervención como la destrucción del barco, el lugar exacto donde ocurrieron los hechos y la ubicación de sus restos.
EL PUNTO DE CONTROVERSIA
El activista señaló que el punto central de la controversia es la responsabilidad que adquiere Ecuador cuando tiene conocimiento de que sus ciudadanos han sido aprehendidos durante estos operativos y la obligación estatal de garantizar sus derechos y el debido proceso.
Enfatizó que el cuestionamiento del CDH no está dirigido contra las operaciones de seguridad marítima, sino contra los procedimientos empleados y las omisiones.
«No es ilegal realizar operativos en altamar. Lo ilegal es omitir los procedimientos de Ecuador en los operativos que se realizan en altamar», señaló Bastias.
Precisó que la finalidad del CDH no es que se detengan los operativos, sino que estos se realicen bajo los estándares del debido proceso.
«El operativo se realiza bajo conocimiento del Estado ecuatoriano. Entonces, el Estado ecuatoriano, al tener el conocimiento de esa aprehensión, está en la obligación de aplicar el procedimiento y no lo hace. Esa es la ilegalidad», aseveró.
El abogado sostuvo que los pescadores deberían haber contado con las garantías correspondientes, entre ellas el control judicial de su detención.
Anotó que la destrucción de la embarcación no forma parte del debido proceso, ni la detención de los pescadores sin ser llevados ante un juez en un plazo de 24 horas, por ejemplo.
«De hecho, en ningún proceso penal que se ha iniciado contra los pescadores, se ha aportado información sobre el cometimiento de un delito», precisó.
El representante del CDH explicó que, independientemente dónde hayan tenido lugar los operativos, al haber un conocimiento por parte del Estado ecuatoriano, este tiene la obligación de aplicar el procedimiento.
DESAPARICIONES FORZADAS
El informe del CDH señala que las denuncias están sustentadas en registros de navegación, testimonios, fotografías y videos entregados por sobrevivientes y familiares.
«Más de 200 pescadores fueron víctimas de desaparición forzada de corta duración y únicamente ocho de la embarcación Fiorella son víctimas de desaparición forzada de manera prolongada, es decir, su paradero aún se desconoce», anotó el abogado del Comité Permanente en Defensa de los DDHH de Ecuador.
La situación más grave corresponde a la embarcación Fiorella, desaparecida el 20 de enero, de la que ocho de sus tripulantes están desaparecidos y dos sobrevivieron al encontrarse en embarcaciones auxiliares alejadas del barco principal.
Previamente, el 8 de abril de este año el CDH solicitó también al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas una acción urgente por los desaparecidos hasta esa fecha.
En respuesta, el comité de la ONU pidió establecer una estrategia integral para la búsqueda inmediata y una investigación exhaustiva e imparcial, considerar todas las hipótesis sobre la desaparición y establecer mecanismos de cooperación con otros Estados que pudieran estar relacionados con los hechos, incluidos EEUU y El Salvador.
La organización Amnistía Internacional reconstruyó posteriormente la ruta del Fiorella mediante datos del sistema de seguimiento de embarcaciones disponibles en Global Fishing Watch y señaló que la última señal fue emitida en aguas internacionales.
La organización afirmó que encontró indicios de que EEUU podría haber atacado el barco dentro de su operación antinarcóticos «Southern Spear».
El informe del CDH recoge además conclusiones de Human Rights Watch basadas en entrevistas, imágenes satelitales, registros de navegación, documentos judiciales, informes médicos, fotografías y videos y plantea interrogantes sobre las responsabilidades de ambos gobiernos.
Desde 2025 EEUU lleva adelante en aguas internacionales del mar Caribe y el océano Pacífico operaciones militares contra embarcaciones que supuestamente trasladan drogas, causando decenas de muertos. (Sputnik)
