Quito, 7 nov (Sputnik).- Organizaciones sindicales, indígenas y sociales de Ecuador marcharán este sábado en Quito para exigir el cese de la persecución política y judicial a más de 300 de sus líderes, y en demanda de respuestas ante la crisis del sistema sanitario, el desempleo y la inseguridad, adelantó este viernes a la Agencia Sputnik el dirigente gremial Edwin Bedoya.
«Exigimos respeto al debido proceso, revisión de las medidas judiciales cuestionadas, garantías para la protesta pacífica y el cese de toda represalia por ejercer derechos constitucionales», afirmó Bedoya, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), una de las convocantes de la movilización,
Edwin Bedoya, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut)
El dirigente advirtió que representantes sindicales, indígenas y sociales enfrentan investigaciones, procesos judiciales y amenazas por hechos vinculados con las protestas, algunos de los cuales acabaron encarcelados.
Las organizaciones mantienen un calendario de movilizaciones desde el 29 de octubre, con nuevas jornadas previstas para el 7 y 25 de noviembre y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Además, contemplan una jornada de memoria obrera el 15 de noviembre, mientras que la protesta del 25 coincidirá con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
«Exigimos al Gobierno respuestas concretas a la crisis de salud, la falta de medicamentos, el desempleo, la inseguridad, los apagones y el deterioro de la educación pública», manifestó Bedoya.
El dirigente sostuvo que las movilizaciones buscan también defender al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los derechos laborales y las libertades democráticas, además de exigir un diálogo efectivo con el Ejecutivo.
«Queremos respuestas, no solamente ofrecimientos», insistió Bedoya, al reclamar políticas públicas que garanticen trabajo digno, salud, educación y seguridad social.
Las organizaciones consideran que la defensa de estos derechos forma parte de las garantías constitucionales y reclaman que el Gobierno atienda sus demandas respetando las libertades democráticas. (Sputnik)
