La eliminación de la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado ya sacude procesos sensibles en Ecuador. Audiencias suspendidas, jueces que advierten que no tienen claridad sobre su competencia y causas de alto impacto que quedan sin magistrado definido son las primeras consecuencias de una decisión que también ha despertado cuestionamientos internacionales.
La Resolución 187-2026, aprobada por el Consejo de la Judicatura el 7 de septiembre, suprimió la unidad especializada y dispuso el reparto de sus procesos entre dependencias judiciales de Quito. Pero el cambio abrió inmediatamente una zona de incertidumbre: ¿quién debe continuar con las causas que ya estaban en trámite y qué ocurre si un juez sin competencia adopta una decisión?
Primer golpe: una audiencia se suspende por falta de directrices
Las consecuencias aparecieron apenas horas después de la resolución.
El 8 de septiembre debía realizarse una vinculación a la instrucción fiscal dentro de una investigación por una supuesta organización delictiva transnacional dedicada al tráfico de explosivos y municiones desde Perú.
La diligencia no pudo desarrollarse.
El acta dejó constancia de que, tras la Resolución 187-2026, “no existe una directriz respecto de las causas”.
El episodio expuso el problema que ahora atraviesa a varios procesos: la unidad desapareció, pero los expedientes, investigados y procesados permanecen.
Alerta por nulidades: jueces y abogados cuestionan la competencia
La incertidumbre alcanzó el 9 de septiembre a la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Ese día estaba previsto resolver las apelaciones a la prisión preventiva de los hermanos David y Farid Dieb, procesados dentro de una investigación por supuesto lavado de activos.
El fiscal Darwin Jaramillo advirtió que no existe una disposición suficientemente clara sobre las causas que se encontraban en trámite y alertó sobre un escenario particularmente delicado: una futura nulidad procesal.
El abogado Kleber Riofrío invocó, además, el derecho constitucional de toda persona a ser juzgada por un juez competente.
Ante la incertidumbre, el tribunal decidió diferir la diligencia hasta determinar con claridad quién tiene competencia para resolver.
Caso Goleada también recibe el impacto: proceso queda sin juez definido
La onda expansiva llegó igualmente al caso Goleada, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
La diligencia prevista no pudo reinstalarse después de que el juez encargado de la causa decidió inhibirse.
El magistrado fundamentó su decisión en los cambios de despacho y en la reestructuración de competencias provocados por la Resolución 187-2026.
La consecuencia es inmediata: el proceso queda sin un juez definido y su cronograma de juzgamiento entra en incertidumbre.
La situación aumenta la presión sobre el Consejo de la Judicatura para aclarar cómo se garantizará la continuidad de expedientes de elevada complejidad sin comprometer la validez de futuras decisiones.
Un dato golpea la reorganización: hasta 643 causas por juez
La Judicatura distribuyó los procesos entre la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, la Unidad de Garantías Penales Mariscal Sucre —Flagrancia— y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Pero el exjuez Carlos Serrano cuestiona que esas dependencias tengan capacidad suficiente para absorber expedientes complejos.
Uno de los datos más fuertes está en Iñaquito: alrededor de 643 causas por juez, según la información proporcionada.
Serrano cuestiona además la forma en que se mide la carga procesal. Una investigación por delincuencia organizada con 10, 20 o 25 procesados puede aparecer estadísticamente como un solo expediente, pese a que exige múltiples audiencias, actuaciones y resoluciones.
“¿Cómo dicen que hay un índice bajo de la carga procesal si los abogados se quejan de que las audiencias se señalan hasta los domingos y terminan a altas horas de la noche?”, cuestionó.
La Sala Penal de Pichincha cuenta con 11 jueces y, según Serrano, enfrenta una carga crítica, mientras que la Unidad de Flagrancia de La Mariscal tendría aproximadamente un 75 % de ocupación.
“La unidad resultó incómoda”: la dura acusación de un exjuez
Serrano va más allá del problema administrativo y plantea un cuestionamiento de fondo.
A su criterio, “no existe una explicación coherente ni técnica” para trasladar investigaciones complejas hacia despachos congestionados y con magistrados que no necesariamente poseen la misma especialización.
El exjuez sostiene que la Unidad Anticorrupción había desarrollado una mayor conciencia sobre la independencia judicial y recuerda el caso del juez Byron Uzcátegui.
Su conclusión es contundente: “Creo que la unidad resultó incómoda”.
Se trata de la valoración de Serrano y no de un hecho establecido sobre las motivaciones del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, introduce un elemento político especialmente sensible en medio de la controversia sobre la desaparición de la unidad.
El debilitamiento comenzó antes: los cambios de 2025
La eliminación de la Unidad Anticorrupción tampoco aparece aislada de otros movimientos registrados en el sistema de justicia.
En diciembre de 2025, Diario EXPRESO documentó cambios dentro de la Fiscalía que afectaron a agentes con experiencia en investigaciones de narcotráfico, lavado de activos y delincuencia organizada.
Uno de los movimientos señalados fue el traslado a la Fiscalía de Machachi de Wilson Toainga, ex fiscal general subrogante y uno de los impulsores de la Unidad Nacional de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).
La reorganización alcanzó también a fiscales con más de una década de experiencia en investigaciones contra estructuras criminales y cooperación internacional. Según la información publicada entonces, algunos fueron reemplazados por funcionarios con perfiles distintos, incluida una agente temporal que investigaba delitos de tránsito.
La secuencia alimenta ahora una pregunta de mayor alcance: ¿Ecuador está fortaleciendo o debilitando su capacidad especializada para enfrentar la corrupción y el crimen organizado?
La controversia cruza fronteras: ONU y HRW cuestionan la decisión
La eliminación de la unidad también provocó reacciones internacionales.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, y la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, expresaron críticas frente a la supresión.
La reacción internacional aumenta la dimensión del debate: ya no se discute únicamente una reorganización administrativa, sino sus posibles efectos sobre independencia judicial, especialización, seguridad jurídica y capacidad del Estado para procesar casos complejos de corrupción y delincuencia organizada.
La decisión está tomada. Ahora, el verdadero desafío será evitar que la desaparición de una unidad especializada termine provocando aquello que más preocupa dentro de los propios tribunales: audiencias paralizadas, expedientes atrapados en conflictos de competencia y decisiones que posteriormente puedan ser anuladas.
Fuente: Diario Expreso
Contenido elaborado con apoyo de inteligencia artificial, a partir de información proporcionada y verificada por la redacción.
