El excandidato presidencial sostiene que el juez que ordenó la prisión de la dirigente de Revolución Ciudadana carecía de competencia porque la legislación ecuatoriana reconoce un fuero especial para los voceros de oposición. Además, solicita respaldo internacional y sanciones contra autoridades judiciales y electorales.
El dirigente político Andrés Arauz anunció que presentará una acción constitucional para exigir la libertad inmediata de Luisa González, excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana (RC5), quien permanece recluida en la cárcel de Riobamba tras recibir una orden de prisión preventiva por presunto lavado de activos dentro del caso Laberinto.
En un pronunciamiento difundido en su cuenta de X, Arauz calificó de nula la decisión judicial y argumentó que el magistrado que dispuso la medida no tenía competencia para conocer la causa, debido a las garantías especiales que el Código de la Democracia establece para los representantes oficialmente designados de la oposición política.
El anuncio abre un nuevo frente jurídico en un proceso que ha profundizado la confrontación entre el correísmo y el Gobierno del presidente Daniel Noboa, a pocas semanas de las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026.
Andrés Arauz invoca el artículo 388 del Código de la Democracia para cuestionar la prisión
La principal argumentación jurídica de Arauz se fundamenta en el artículo 388 del Código de la Democracia, que reconoce un fuero especial para los representantes y voceros designados por las organizaciones políticas en ejercicio de la oposición.
La disposición establece:
Cada organización política y sus alianzas designará al responsable o responsables, vocero o voceros, que les representarán en el ejercicio de la oposición. Tales representantes y portavoces de la oposición gozarán de fuero de Corte Provincial de Justicia, si no tuvieren otro especial.
Arauz sostiene que tanto González como él pertenecen al entorno político de oposición y que esa condición debió ser considerada por la Fiscalía y el juez durante la audiencia de formulación de cargos del viernes 23 de octubre.
Según el dirigente, el propio magistrado habría reconocido durante la diligencia la vinculación política de ambos con la oposición, pese a la suspensión temporal de Revolución Ciudadana.
Arauz pide respaldo internacional y presencia diplomática en la audiencia
El anuncio de Arauz no se limita al ámbito judicial ecuatoriano. El dirigente solicitó la intervención de organizaciones internacionales, parlamentarios, defensores de derechos humanos y representantes diplomáticos para acompañar la acción constitucional que prevé presentar.
En particular, pidió que juristas y organizaciones presenten escritos de amicus curiae, un mecanismo mediante el cual terceros interesados pueden aportar argumentos jurídicos a un tribunal, sin convertirse en partes procesales.
También solicitó que delegados del cuerpo diplomático asistan a la audiencia pública, una vez que sea convocada.
Arauz agradeció las expresiones de solidaridad que, según afirmó, ha recibido desde América Latina, Europa y Estados Unidos, así como de distintos sectores políticos ecuatorianos.
Arauz solicita sanciones y restricciones de visa contra tres autoridades ecuatorianas
Uno de los puntos más contundentes de su pronunciamiento es el pedido de sanciones internacionales contra funcionarios que considera responsables de actuaciones contrarias a la pluralidad democrática.
Arauz mencionó expresamente a Carlos Alarcón, fiscal general encargado; Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura; e Ivonne Coloma, presidenta del Tribunal Contencioso Electoral.
Solicitó a sus contactos internacionales que promuevan ante sus respectivos gobiernos la evaluación de eventuales restricciones migratorias y sanciones contra estas autoridades.
El dirigente cuestionó la legitimidad de sus designaciones y actuaciones. También formuló señalamientos sobre presuntos vínculos de actores de la Judicatura con personas relacionadas con el narcotráfico.
Denuncias de presión política sobre la justicia
Arauz también acusó al Gobierno de Daniel Noboa de interferir en el proceso penal contra dirigentes de Revolución Ciudadana.
En su publicación sostuvo que medios internacionales, entre ellos CNN y la revista colombiana Semana, han difundido información que, a su juicio, evidencia presiones políticas e intervención gubernamental en el caso.
Asimismo, cuestionó las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, a quien atribuyó haber revelado información sobre una orden de detención y haber mencionado públicamente su nombre en un contexto político.
Estas denuncias requieren una evaluación independiente de los documentos, declaraciones y actuaciones judiciales correspondientes. La existencia de cobertura periodística sobre un caso no demuestra, por sí misma, una intervención ilegal del Ejecutivo.
Arauz argumenta que precisamente para evitar presiones de esa naturaleza el ordenamiento ecuatoriano reconoce garantías especiales a quienes ejercen formalmente la oposición.
Fuente: Cuenta X Andrés Arauz
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