La Fiscalía y la Policía realizaron diligencias en dependencias municipales. La administración de Pabel Muñoz asegura que entregó la información solicitada, mientras concejales y dirigentes políticos reaccionan a la investigación.
Quito, 22 de octubre de 2026.— El Municipio de Quito exigió que la investigación por presunto peculado, que motivó diligencias de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en dependencias municipales el miércoles 21 de octubre, se desarrolle con pruebas y pleno respeto al debido proceso. La administración del alcalde Pabel Muñoz afirmó que colaboró con las autoridades y entregó la documentación requerida.
El procedimiento abrió un nuevo frente de controversia política en la capital. Mientras el concejal Michael Aulestia vinculó el allanamiento con una denuncia presentada por él contra funcionarios del despacho del alcalde, representantes de la Revolución Ciudadana expresaron su respaldo a Muñoz y cuestionaron una posible utilización política de la justicia.
La investigación se encuentra en una fase en la que corresponde esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades. La realización de un allanamiento no implica que se haya demostrado la comisión de un delito.
¿Qué ocurrió durante el allanamiento al Municipio de Quito?
Según el pronunciamiento municipal del 21 de octubre, agentes de la Fiscalía y la Policía realizaron diligencias en instalaciones de la administración capitalina como parte de una investigación por presunto peculado, delito relacionado con el uso indebido de recursos públicos.
El Municipio aseguró que facilitó el trabajo de los investigadores y proporcionó toda la información solicitada.
La institución también defendió los procedimientos de contratación realizados durante su gestión. Sostuvo que se desarrollaron mediante mecanismos abiertos, públicos y verificables a través del Sistema Oficial de Contratación Pública.
Esta afirmación corresponde a la posición de la administración municipal y no constituye, por sí sola, una conclusión sobre la legalidad de los contratos investigados.
Municipio de Quito: «Un allanamiento no es una sentencia»
En su comunicado, la Alcaldía ratificó su política de tolerancia cero frente a la corrupción y aseguró que exigirá responsabilidades a cualquier funcionario que haya actuado al margen de la ley.
Al mismo tiempo, reclamó que las diligencias se conduzcan con respeto a las garantías constitucionales y a la presunción de inocencia.
«Un allanamiento no es una sentencia», enfatizó la administración municipal.
El Municipio indicó que respetará la reserva de la investigación y que no interferirá en las actuaciones de las autoridades. Sin embargo, advirtió que rechazará cualquier intento de utilizar el proceso para desprestigiar su gestión.
También informó que los servicios municipales y la atención a la ciudadanía continúan funcionando con normalidad.
Paola Pabón y Revolución Ciudadana cuestionan el trasfondo político
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, expresó su respaldo al alcalde Pabel Muñoz y advirtió sobre lo que considera riesgos para la democracia.
«La vida de la gente no mejora encarcelando opositores», manifestó, al instar al alcalde a continuar con su trabajo por la capital.
Por su parte, la bancada de la Revolución Ciudadana denunció lo que interpreta como una utilización de la justicia contra sectores de oposición y exigió respeto a la voluntad popular.
En una declaración dirigida políticamente al presidente Daniel Noboa, sostuvo que la Alcaldía de Quito se disputa en las urnas y no en los tribunales.
Estas declaraciones expresan posiciones políticas de sus protagonistas. No demuestran, por sí mismas, que las diligencias fiscales respondan a una motivación partidista.
¿Qué consecuencias puede tener la investigación por peculado?
El siguiente paso será determinar qué hechos concretos investiga la Fiscalía, qué contratos o actuaciones administrativas están bajo examen y si existen elementos suficientes para formular cargos contra alguna persona.
La investigación también podría tener consecuencias administrativas si se identifican incumplimientos en los procedimientos de contratación o en el manejo de recursos públicos. Cualquier responsabilidad deberá establecerse mediante los procedimientos correspondientes.
Mientras tanto, el Municipio mantiene su posición de colaboración con la justicia y asegura que los servicios públicos no se han interrumpido.
Fuente: Informa Ecuador
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