Quito, El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffrredo, tiene «responsabilidad política» en el caso de cuatro menores capturados por una patrulla militar en el suroeste del país y posteriormente asesinados, dijo este miércoles el abogado de las familias Fernando Bastias.
«Aquí hay responsabilidad política al menos del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, porque durante un año movilizó a las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de control, sin fiscalización, sin plan estratégico, sin mecanismo de rendición de cuentas y expuso a la sociedad civil», afirmó Bastias a la emisora local Radio Pichincha.
El abogado, del Comité Permanente de Derechos Humanos en la ciudad de Guayaquil, integra el equipo de defensa de los familiares de Josué Arroyo (14 años), Ismael Arroyo (15 años), y sus amigos Saúl Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años), quienes residían en el sector de «Las Malvinas».
Los menores salieron a un partido de fútbol el 8 de diciembre pasado y al concluir fueron capturados por 16 militares tras una presunta denuncia ciudadana por robo.
Posteriormente los llevaron a más de 40 kilómetros del lugar de su aprehensión, donde fueron vistos con vida por última vez por un testigo que les ofreció ayuda.
«Más de 80 organizaciones sociales solicitamos el juicio político al ministro para que haya algo de justicia para los cuatro niños de las Malvinas», indicó Bastias.
El proceso contra Loffredo está en marcha en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), tras su solicitud por parte del parlamentario Héctor Valladarez, del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda), por presunto incumplimiento de funciones.
Bastias informó que la reconstrucción de los hechos en el caso de los menores se llevará a cabo el próximo 30 de enero, a las 20:00 (01:00 GMT), con la participación de los 16 militares y sus abogados, de las víctimas (familiares) y sus abogados y de los testigos.
Esta semana, medios locales de prensa difundieron supuestas revelaciones de un nuevo testigo en el caso, quien asegura que los cuatro menores habrían sido capturados, asesinados y quemados por miembros de una banda delictiva, luego de ser abandonados por los militares en las cercanías de su base militar en la municipalidad de Taura.
El abogado insistió en la responsabilidad del Estado y de los militares en la desaparición forzada de los menores, independientemente de los resultados de la investigación.
«Está claro que hubo una detención, una incomunicación y una negativa de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y de los 16 militares», dijo.
Según Bastias, cuando se confirmó que los cadáveres encontrados el 24 de diciembre correspondían a los cuatro menores, se inició otra investigación para identificar qué tipo de participación tuvieron los militares.
Apuntó que, tras la declaratoria de conflicto armado interno, por parte del presidente Daniel Noboa, en enero del pasado año, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos advirtieron al Gobierno sobre las consecuencias de la medida sobre la población civil.
Este caso ha conmocionado al país y motivó la preocupación de la Unicef y del representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur (Acnudh), Jan Jarab, que han instado al gobierno a realizar las investigaciones correspondientes y llegar a la verdad.
Con información de Agencia Sputnik
