La Asamblea Nacional aprobó una reforma que endurece las penas por reclutar a niñas, niños y adolescentes para actividades criminales y establece nuevas medidas de prevención en escuelas, espacios públicos y entornos digitales. La norma recibió 88 votos y modifica 15 cuerpos legales.
La utilización de menores de edad por estructuras criminales tendrá una respuesta penal más severa en Ecuador. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes 29 de septiembre de 2026, con 88 votos, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes.
Uno de los cambios centrales establece penas de entre 22 y 26 años de prisión para quienes recluten, utilicen o incorporen a menores de edad en actividades delictivas, grupos armados o en contextos vinculados con conflictos armados. La legislación también busca intervenir antes de que se produzca la captación, con medidas de prevención, protección y control de contenidos digitales.
¿Qué cambia con la ley contra el reclutamiento de menores en Ecuador?
La reforma no se limita al endurecimiento de las penas.
El texto aprobado introduce modificaciones en 15 cuerpos legales y establece mecanismos que involucran a diferentes instituciones del Estado, gobiernos locales y organismos encargados de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Durante la elaboración del proyecto se incluyeron medidas relacionadas con prevención en entornos digitales, identificación de factores de riesgo, atención en salud mental, prevención de adicciones, acceso a becas y ayudas económicas, programas deportivos y patrocinio para las víctimas de reclutamiento.
El objetivo es atacar un fenómeno que ha adquirido particular relevancia frente a la actuación de organizaciones criminales que buscan incorporar a menores de edad a sus estructuras.
Reclutar menores podría significar hasta 26 años de prisión
El dato más fuerte de la reforma está en el ámbito penal.
La normativa establece penas de 22 a 26 años de privación de libertad para quien reclute, utilice o incorpore a niñas, niños o adolescentes, dentro o fuera de un conflicto armado, en fuerzas regulares o irregulares, grupos armados u otras estructuras contempladas por la reforma.
La Asamblea presentó el endurecimiento de las sanciones como parte de una estrategia para enfrentar la utilización de menores por estructuras criminales.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, Diana Jácome, sostuvo que el reclutamiento constituye una amenaza para la niñez, las familias y el futuro del país.
Redes sociales y entornos digitales entran en la estrategia
Otro de los elementos relevantes de la reforma es el reclutamiento a través de medios digitales.
La normativa incorpora medidas destinadas a impedir que redes sociales, páginas web y otros espacios digitales sean utilizados para promover o facilitar la captación de menores.
Desde el primer debate, el proyecto ya contemplaba mecanismos para el bloqueo de material digital orientado a incentivar el reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes.
Esta disposición amplía el alcance de la respuesta estatal: el problema deja de ser tratado exclusivamente desde el ámbito físico y reconoce que el contacto y captación de menores también puede producirse mediante plataformas digitales.
¿Qué tendrán que hacer los municipios?
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) también tendrán responsabilidades dentro de la estrategia preventiva.
El proyecto establece su intervención en políticas destinadas a impedir que los espacios públicos y entornos escolares se conviertan en escenarios de promoción, normalización o glorificación de actividades delictivas.
La participación de los gobiernos locales fue incorporada junto con la actuación de las juntas cantonales de protección de derechos y otras instituciones vinculadas a la prevención.
La implementación de estas obligaciones será uno de los puntos que deberá observarse una vez que la normativa complete su trámite y entre en vigencia.
Más de 2.000 menores detenidos en 2026, según cifra expuesta en el debate
La discusión legislativa estuvo acompañada por un dato que dimensiona la relación entre menores de edad y criminalidad.
Durante el tratamiento de la normativa, Diana Jácome señaló que más de 2.000 niños y adolescentes han sido detenidos en lo que va de 2026, una cifra presentada en el debate como parte del contexto que enfrenta el país.
El dato no significa que todos esos menores hayan sido víctimas de reclutamiento criminal, pero muestra la dimensión de la participación de adolescentes en hechos que han requerido intervención de las autoridades.
La ley también generó cuestionamientos
La aprobación no estuvo libre de controversia.
La legisladora de Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Niñez, Viviana Veloz, cuestionó durante la tramitación que la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana asumiera la elaboración del informe.
Su argumento fue que, por tratarse de una normativa relacionada directamente con niñas, niños y adolescentes, su tratamiento debía corresponder a la comisión legislativa especializada en niñez.
También surgieron cuestionamientos respecto del énfasis punitivo de algunas reformas y de las nuevas responsabilidades que asumirán los gobiernos locales.
¿Qué pasará con los Centros de Adolescentes Infractores?
Otro punto sensible está relacionado con la seguridad de los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) y el principio constitucional de justicia especializada para menores de edad.
La discusión gira alrededor de cómo reforzar la seguridad frente al crimen organizado sin equiparar el tratamiento de adolescentes con el sistema penitenciario de adultos.
La Constitución ecuatoriana establece un régimen de justicia especializada para adolescentes infractores, por lo que la aplicación de las nuevas disposiciones deberá mantener las garantías específicas reconocidas para niñas, niños y adolescentes.
El debate sobre este punto será especialmente relevante durante la implementación de la normativa.
Una ley que busca actuar antes de que el menor llegue al delito
El alcance de la reforma permite identificar dos líneas de intervención.
La primera es penal: elevar las consecuencias para quienes recluten y utilicen menores.
La segunda es preventiva: identificar factores de riesgo, actuar en escuelas y espacios públicos, intervenir frente a contenidos digitales, ofrecer atención en salud mental y generar alternativas educativas, deportivas y económicas para menores vulnerables.
Esa combinación será determinante para evaluar el impacto real de la nueva legislación.
La aprobación en la Asamblea es solo una etapa. El siguiente punto clave será observar el trámite posterior del proyecto y, eventualmente, cómo se implementarán las nuevas responsabilidades institucionales y los mecanismos de prevención frente a un fenómeno estrechamente relacionado con la expansión de las estructuras criminales en Ecuador.
Fuente: INFORMA ECUADOR
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